Estado de alerta y movilización de los taxistas argentinos contra Uber y Cabify

Varias entidades del sector reclamaron al ministerio de Transporte que impida que estos servicios ilegales continúen operando arriesgando la vida de los argentinos y miles de puestos de trabajo

Estado de alerta y movilización de los taxistas argentinos contra Uber y Cabify

Estado de alerta y movilización de los taxistas argentinos contra Uber y Cabify

La Mesa de Unidad Taxista de Argentina, que reúne a varias entidades del sector, decidió este jueves el estado de «alerta y movilización» contra la posibilidad de funcionamiento de un servicio ilegal de transporte.

Por su parte, el portavoz del Sindicato de Peones de Taxis (SPT), Omar Viviani, reclamó al ministro de Transporte, Mario Meoni, que impida esa situación en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Viviani, ex integrante del consejo directivo de la CGT y también titular de la Federación Nacional del gremio (Fepetax), rechazó de plano esa posibilidad de transporte de Uber y Cabify, y aseguró que en realidad esas apps ya están de forma ilegal, monopólica y multinacional.

«En la ciudad de Buenos Aires existe una demanda legal que no permite funcionar a ese transporte. Pero se desligó de toda responsabilidad al Estado Nacional, lo que es totalmente equivocado. Esos ‘servicios’ violan las leyes provinciales y nacionales de incumbencia del Estado, que debe controlar y, en caso de su violación, penar».

Viviani explicó la actual situación:

«Esas aplicaciones violentan la soberanía e independencia económica nacional, ya que operan con sus servidores desde el exterior, incumplen las normas impositivas, no respetan las leyes que protegen a los trabajadores (de Contrato de Trabajo, libertad de sindicalización, por ejemplo), eluden las regulaciones, no tributan y fugan las ganancias hacia el exterior».

«UBER tiene enormes deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que le reclama el pago de unos 500 millones de pesos y, esa situación, se reitera con las diferentes aplicaciones, que deterioran y avasallan además los derechos laborales mediante la precarización y flexibilización».

«Se trata de una cuestión nacional. Se impone impedir que esas aplicaciones continúen operando y, menos aún, en la actual pandemia de coronavirus, ya que arriesgan la vida de los argentinos y miles de puestos de trabajo legales y registrados en la actividad taxista».

Mientras tanto, el gremio ratifica el alerta y movilización, subrayó.

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