Tito Álvarez, perseguido por la ‘Ley Mordaza’ de la Generalitat

Comunicado de apoyo a Tito Álvarez

Tito Álvarez, perseguido por la «Ley Mordaza» de la Generalitat

El líder de los taxistas y portavoz de la Asociación Élite Taxi, Tito Álvarez, ha negado haber organizado las movilizaciones del sector del taxi en enero de 2019.

La Generalitat le multó con 8.000 euros haciéndole responsable de las movilizaciones en las que participaron miles de taxistas de Barcelona y de otros lugares de la península.

En su escrito de alegaciones, presentado ante el Departamento de Interior, Álvarez sostiene que «no convocó ni organizó ninguna de las movilizaciones o manifestaciones» por las que la dirección general de Administración de Seguridad lo ha sancionado.

Álvarez ha denunciado que la multa es «una clara persecución» hacia su «persona».

De acuerdo con el sindicalista, las movilizaciones, que se produjeron del 17 al 24 de enero de 2019 y bloquearon varias arterias de Barcelona para exigir una mayor regulación de las VTC, «fueron espontáneas, se produjeron de forma repentina sin una previa organización, atendiendo a las conversaciones que se escuchaban entre los participantes».

Álvarez recuerda que también fueron «múltiples las personas que hablaron por el altavoz en la asamblea» sin que su intervención «tuviera ninguna relevancia respecto de las restantes» y explica que sólo habló con la policía porque fue requerido por los agentes.

Por ese motivo, reprocha que la multa sea un ataque a su persona por su aparición en los medios de comunicación:

«Podría ser que por este motivo desde el poder se esté intentando amedrentar a los taxistas para evitar que siga defendiendo y reivindicando sus derechos, intimidando y amenazando con cuantiosas sanciones para evitar la organización del colectivo».

La Generalitat multó este mes con 8.000 euros a Álvarez por presuntas infracciones de la normativa vigente en materia de protección de la seguridad ciudadana al convocar manifestaciones «no comunicadas a la autoridad gobernativa» que derivaron en incidentes y desórdenes en la vía pública, «ocasionando una alteración grave a la seguridad ciudadana», según consta en el expediente.


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