Nueva Ley del Transporte de Hasta 9 Plazas en Cataluña: reordenación del sector y propuesta de transición para las VTC
BARCELONA. 09 Marzo. (Noticias del Taxi) – La Proposición de Ley del Parlament de Catalunya plantea un marco normativo integral para el transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluyendo taxis, VTC, servicios de alta disposición, limusinas y plataformas de intermediación. El texto incorpora la propuesta de BESCANVI, un mecanismo de canje de licencias VTC que pretende dar una solución estructural al conflicto existente en el sector.
La iniciativa legislativa tiene como finalidad establecer un sistema estable, coherente y global de regulación del transporte urbano e interurbano de viajeros. Se fundamenta en las competencias exclusivas de la Generalitat y en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional, que reconocen la posibilidad de limitar autorizaciones por razones imperiosas de interés general, como la protección ambiental, la gestión del espacio público, la reducción de la congestión o la ordenación eficiente de la movilidad.
Jerarquía de servicios y papel central del taxi
El texto normativo define al taxi como servicio económico de interés general, sujeto a obligaciones específicas de servicio público, entre ellas la universalidad, la continuidad, la no discriminación y la aplicación de tarifas reguladas. Se le atribuye la cobertura ordinaria de la movilidad urbana, estableciendo que únicamente cuando esta resulte insuficiente podrán autorizarse VTC como servicios complementarios.
Las VTC, los vehículos de alta disposición y las limusinas quedan configurados como actividades privadas de carácter discrecional, sin las obligaciones propias del servicio público.
Propuesta de BESCANVI: mecanismo de transición para las VTC
La propuesta de BESCANVI introduce un sistema de canje voluntario de autorizaciones VTC vigentes, permitiendo a sus titulares optar por transformarlas en una licencia municipal de taxi con una vigencia de siete años, prorrogable uno más, o bien en una autorización de Alta Disposición, categoría de nueva creación destinada a servicios contratados con antelación y con un período mínimo de disponibilidad para el usuario.
El planteamiento persigue garantizar que ningún operador quede excluido del mercado, permitiendo continuar la actividad ya sea bajo el régimen de taxi o como operador de alta disposición. Además, el período máximo de diez años supera ampliamente el plazo de cuatro años que la jurisprudencia consideró suficiente en relación con la moratoria establecida por el denominado Decreto Ábalos de 2018.
Según el texto, este mecanismo facilitaría una transición ordenada y no confrontativa, reduciendo la conflictividad histórica entre el sector del taxi y las VTC mediante una solución integradora.
Nuevas condiciones para el taxi
La norma prevé que las licencias puedan ser municipales o bien autorizaciones otorgadas por la Generalitat para ámbitos urbano e interurbano. Propuesta que se ha negociado en los despachos y que deberá ratificarse a través de una enmienda, algo que apunta que será ratificada por todos los grupos para incorporarse al texto final.
Se establece una limitación estricta a la transmisión de las nuevas licencias temporales, restringida a supuestos de fallecimiento o incapacidad en favor de herederos o cónyuge, sin que esto afecte el régimen jurídico a las concedidas anteriormente.
Se incorporan criterios ambientales obligatorios, exigiendo que los nuevos vehículos dispongan de etiqueta ECO o Cero emisiones. También se refuerzan los requisitos profesionales mediante formación específica y un nivel mínimo de catalán equivalente al B1.
Asimismo, se introduce la geolocalización obligatoria de los vehículos, con fines de control e integración en una infraestructura común de datos, y se contempla la posibilidad de adscripciones territoriales u horarias para asegurar la adecuada cobertura del servicio.
Régimen aplicable a las VTC
Las VTC mantienen su carácter de actividad privada con libertad de precios, aunque sometida a un régimen más delimitado. Las autorizaciones pasan a tener una duración limitada, con posibilidad de prórroga, y se exige una precontratación mínima vinculada a registro electrónico.
Se prohíbe expresamente la captación de clientes en circulación, obligando a los vehículos a permanecer en garajes o estacionamientos cuando no estén prestando servicio. También se aplican exigencias ambientales y formativas equiparables a las del taxi, incluyendo el requisito lingüístico.
Alta disposición, limusinas e intermediación digital
La categoría de Alta Disposición queda configurada para servicios contratados con antelación mínima y con un período mínimo de disponibilidad, requiriendo autorización específica y vinculación a una autorización interurbana VTC.
Las limusinas contarán con regulación propia y un número de autorizaciones limitado a los vehículos en servicio en el momento de entrada en vigor de la ley.
En cuanto a la intermediación, la norma delimita con mayor precisión los modelos de plataformas y aplicaciones digitales, diferenciando modalidades horizontales y verticales, e imponiendo la obligación de suministrar datos a la infraestructura común del sistema.
Infraestructura de datos y control administrativo
Se crea un registro obligatorio e infraestructura de datos compartida que recogerá información relativa a taxis, VTC y operadores de intermediación, con finalidades de planificación, supervisión y control del sistema de movilidad.
Refuerzo del régimen sancionador
El régimen disciplinario se intensifica mediante la tipificación de infracciones leves, graves y muy graves, con sanciones económicas graduadas y la posibilidad de inmovilización del vehículo o revocación de la licencia en casos de reiteración de infracciones muy graves.
Una reordenación integral del sector
La proposición de ley consolida al taxi como eje estructural del servicio público de transporte urbano, relegando a las VTC y otras modalidades a un papel subsidiario y regulado. Al mismo tiempo, incorpora herramientas tecnológicas, criterios ambientales y exigencias profesionales más estrictas.
La inclusión del BESCANVI introduce un mecanismo de transición que busca resolver de forma estructural el conflicto sectorial, ofreciendo un período de adaptación superior al avalado judicialmente y preservando la continuidad laboral de los operadores actuales.
En conjunto, el texto se presenta como una respuesta integral a la inseguridad jurídica y a la presión del mercado, orientada a equilibrar competencia, sostenibilidad e interés general dentro del sistema de movilidad catalana.
