Baleares recurrirá la sentencia que podría triplicar la flota de Uber en Mallorca

El Govern busca proteger los derechos del taxi frente a la expansión de VTC

Baleares recurrirá la sentencia que podría triplicar la flota de Uber en Mallorca

Baleares recurrirá la sentencia que abriría la puerta a 600 Uber en Mallorca

PALMA DE MALLORCA. 16 Dic. (Noticias del Taxi) – El Gobierno de Baleares ha anunciado que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJB) que le obliga a tramitar nuevamente las 600 licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) previamente denegadas a Moove Cars, la empresa que opera en Mallorca a través de la plataforma Uber. El Ejecutivo considera que la resolución perjudica al sector del taxi y confía en contar con recursos legales suficientes para revertirla.

La postura del Govern y la defensa del taxi

El portavoz del Govern, Antoni Costa, calificó la sentencia de “injusta” y aseguró que el Ejecutivo defenderá los derechos del taxi ante los tribunales. Costa añadió que, aunque acatarán la resolución si no prospera el recurso, actualmente existe margen legal para revertirla y obtener un fallo favorable, según declaraciones recogidas por Diario de Mallorca.

Impacto potencial en la flota de VTC

La resolución judicial representa un revés a la estrategia de Baleares para limitar la expansión de plataformas como Uber. Actualmente, Mallorca cuenta con unas 360 licencias activas de VTC, y aproximadamente 750 en todo el archipiélago. De concederse los 600 permisos en disputa, la flota de VTC en la isla casi se triplicaría, generando tensiones con el sector del taxi.

Estrategia del Govern y medidas complementarias

Desde la Conselleria de Movilidad reconocen que el fallo no es positivo, pero destacan que ya trabajan en el recurso judicial y en acciones complementarias para frenar la entrada masiva de VTC en un territorio insular y protegido. La directora general, Lorena del Valle, envió un mensaje de tranquilidad a los sectores afectados, mientras se define la estrategia jurídica para proteger los intereses del transporte público tradicional.