El taxi de Castellón se moviliza contra el auge de las VTC
CASTELLÓN. 29 Oct. (Noticias del Taxi) – El sector del taxi en Castellón ha decidido salir a la calle para frenar la expansión de los vehículos de transporte con conductor (VTC). La Asociación de Taxistas de Castellón y Provincia se unirá a las protestas convocadas en toda la Comunitat Valenciana el próximo martes 4 de noviembre.
Estas acciones buscan denunciar la proliferación descontrolada de este tipo de vehículos, que en la provincia podrían superar al número de taxis actualmente en servicio.
En Castellón, la concentración comenzará a las 10:30 horas en el Auditori con una marcha lenta de taxis que concluirá a las 12:30 frente a la delegación del Servicio Territorial de Transportes, en la avenida del Mar.
Preocupación por el número de licencias
José Luis Artola, presidente de la asociación provincial de taxistas, ha señalado que se han solicitado alrededor de 1.000 licencias en Castellón. Con la aprobación de solo un tercio de estas solicitudes, se superaría el total de taxis actuales, que ronda los 230 en la provincia.
Falta de información y transparencia
Actualmente, 55 VTC operan en Castellón, según el último registro. Sin embargo, Artola denuncia que la Dirección General de Transportes no informa sobre las resoluciones de concesión de licencias desde hace más de un año, lo que impide recurrir decisiones y obliga al sector a manifestarse públicamente.
El presidente critica que no se permite fiscalizar las resoluciones, algo que la ley contempla. Existen casos de licencias otorgadas a vehículos sin seguro, coches que comparten matrícula con otros de distintas comunidades o autorizaciones concedidas sin que el vehículo llegue a operar, situación que debería implicar la retirada de la licencia.
Carencias en los controles
El sector también denuncia la falta de supervisión sobre las VTC: muchos vehículos no cumplen con la normativa de emisiones cero, operan en zonas interurbanas donde no deberían y se desconoce si los permisos otorgados en otras autonomías se usan de manera legal dentro de la provincia. Estas irregularidades ponen en riesgo la competencia justa y la legalidad del servicio.
