Licencias estacionales: un instrumento ya previsto en la ley del taxi de Catalunya de 2003
BARCELONA. 27 Feb. (Noticias del Taxi) – La discusión en torno a las licencias estacionales ha reabierto el debate jurídico dentro del sector del taxi. Diversas voces han señalado que se está generando confusión entre los profesionales al presentar esta figura como una novedad legislativa, cuando en realidad ya está prevista en la normativa vigente.
La actual Ley 19/2003 del Taxi de Cataluña, aprobada en 2003, regula expresamente esta cuestión. En su artículo 7 se contempla la posibilidad de otorgar licencias de carácter estacional, mientras que el artículo 6 reconoce a la administración competente la facultad de crear nuevas licencias cuando las circunstancias del servicio lo requieran.
Desde esta perspectiva, la existencia de licencias temporales no constituye una innovación normativa, sino una herramienta ya incorporada al ordenamiento jurídico catalán desde hace más de dos décadas.

Desinformación interesada en el taxi sobre las licencias estacionales
La cuestión de las mejoras introducidas
Más allá de la existencia previa de esta figura, el debate actual gira en torno a cómo se han perfeccionado sus condiciones. Uno de los puntos señalados es que la regulación vigente de 2003 no establece límites o acotaciones detalladas para las licencias temporales, lo que dejaba un margen amplio de interpretación administrativa.
Según las posiciones críticas con el relato de novedad legislativa, el desarrollo reciente no crea la figura, sino que introduce mejoras técnicas y mayor precisión regulatoria, delimitando mejor su aplicación y condiciones.
Un debate sobre información y seguridad jurídica
En el fondo, la controversia no se centra tanto en la existencia de las licencias estacionales como en la interpretación pública de su origen y alcance. Para parte del sector, presentar esta medida como una creación de una nueva ley puede generar incertidumbre entre los taxistas, cuando el instrumento jurídico ya forma parte del marco normativo desde 2003.
El debate pone de relieve la importancia de claridad informativa y rigor jurídico en un ámbito especialmente sensible como es la regulación del servicio público del taxi, donde cualquier modificación o anuncio tiene impacto directo en la planificación profesional y económica de los titulares de licencia.





















