Una demanda contra Uber y Moove Cars en Alicante denuncia problemas de seguridad y condiciones laborales en la VTC
ALACANT. 22 octubre 2026. (Noticias del Taxi) – Un conductor ha presentado una demanda contra Uber Systems Spain y Moove Cars Levante en Alicante por vulneraciones de derechos fundamentales. El conflicto coincide con el malestar de parte de la plantilla por las condiciones de las instalaciones, el traslado de la base operativa y la gestión de las jornadas laborales.
La situación del sector del vehículo de transporte con conductor (VTC) en la Comunidad Valenciana vuelve a situarse en el centro del debate laboral tras la firma del nuevo convenio colectivo de Valencia, el pasado 20 de octubre de 2026. En este contexto, las mercantiles Moove Cars Levante S.L.U. y Uber Systems Spain S.L. afrontan un procedimiento judicial en Alicante en el que se denuncian presuntas represalias laborales, falta de transparencia en la gestión algorítmica y perjuicios económicos para un trabajador.
Según la información aportada sobre el caso, la demanda se ha presentado mediante un procedimiento de tutela de derechos fundamentales. El conflicto también pone el foco en las condiciones de trabajo de los conductores y en las medidas de seguridad de las instalaciones utilizadas por la empresa en la capital alicantina.
Moove Cars y Uber, bajo la lupa por sus antecedentes laborales y de protección de datos
Las denuncias planteadas en Alicante se enmarcan en un contexto de controversias anteriores relacionadas con la actividad del grupo empresarial Moove Cars y algunas de sus sociedades vinculadas. El material facilitado cita expedientes administrativos y actuaciones judiciales en otras provincias españolas.
La sanción de la AEPD por el uso de aplicaciones y datos personales
Según el texto de la denuncia, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso una multa de 200.000 euros a una sociedad vinculada al grupo, en el marco del expediente EXP2024114111.
La resolución citada estaría relacionada con el uso obligatorio de aplicaciones en los teléfonos personales de los conductores y con el tratamiento de datos como la geolocalización, los mensajes, las grabaciones de audio y la información de salud. Para conocer con precisión el alcance de la sanción, es necesario consultar la resolución original y confirmar la identidad de la sociedad sancionada.
La actuación de la Inspección de Trabajo en Sevilla
El documento también hace referencia a una actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Sevilla, en la que se habría reclamado al grupo empresarial una cantidad total de aproximadamente 1,6 millones de euros.
De acuerdo con la información aportada, el importe incluiría cerca de un millón de euros en concepto de liquidación de cuotas de la Seguridad Social y otros 785.000 euros en sanciones. Las actuaciones estarían relacionadas con el registro horario y las jornadas de más de 1.100 conductores vinculados a los servicios de Uber en la provincia.
Asimismo, el texto menciona resoluciones de juzgados de lo social del País Vasco sobre las bases de cotización de los conductores. Estos antecedentes deberán contrastarse con las resoluciones correspondientes para precisar su alcance y firmeza.
La base de Alicante, entre las quejas por inundaciones y el traslado a otro aparcamiento
Uno de los principales focos de malestar de la plantilla se encuentra en las instalaciones operativas actuales, situadas en el sótano -1 del aparcamiento Panoramics, en la avenida Perfecto Palacio de la Fuente, número 6.
Según las denuncias recogidas en el documento, el espacio sufre inundaciones recurrentes cuando llueve y carece de aseos propios para los trabajadores. Estas condiciones han generado quejas sobre la idoneidad de las instalaciones para el desempeño diario de la actividad.
La empresa tendría previsto trasladar su base durante la primera semana de noviembre al aparcamiento situado en la calle Poeta Vila y Blanco, número 4. Sin embargo, el cambio de ubicación tampoco habría convencido a los conductores.
Los conductores alertan de dificultades para maniobrar con los BYD Seal
La nueva base se encuentra en un segundo sótano que, según la plantilla, presenta dificultades para maniobrar con los vehículos eléctricos BYD Seal utilizados en el servicio.
Los trabajadores sostienen que las rampas en espiral y los giros estrechos del aparcamiento pueden complicar las entradas y salidas de los coches. El texto facilitado señala que el modelo tiene una anchura aproximada de 1,87 metros y una distancia entre ejes cercana a los tres metros.
Los conductores temen que estas características, combinadas con la configuración del aparcamiento, aumenten el riesgo de roces en la carrocería y daños en las llantas. También expresan su preocupación por la posibilidad de que la empresa les atribuya económicamente los desperfectos que puedan producirse durante las maniobras.
Por el momento, estas objeciones forman parte de las quejas trasladadas por la plantilla y no se aporta una evaluación técnica independiente de las instalaciones.
Malestar entre los conductores por un documento de aceptación voluntaria
A las discrepancias sobre la base operativa se suma una controversia relacionada con un documento que el departamento de Recursos Humanos habría presentado a los trabajadores.
Según el relato recogido en el texto, durante los últimos días varios conductores habrían sido convocados individualmente para firmar una declaración en la que aceptarían de forma voluntaria determinadas directrices y condiciones laborales.
La redacción del documento habría provocado recelos entre parte de la plantilla, cuyos integrantes temían que la firma pudiera utilizarse para respaldar cambios en sus condiciones de trabajo o limitar futuras reclamaciones.
Recursos Humanos habría accedido a revisar la redacción
La negativa de numerosos trabajadores a firmar el documento habría llevado a la empresa a comprometerse a modificar su redacción, según la información facilitada.
Sin embargo, el texto indica que, a fecha de su elaboración, la plantilla todavía no conocía la nueva versión de la declaración. Esta situación habría mantenido la incertidumbre entre los conductores sobre el alcance del documento y las condiciones que se les pretende comunicar.
La demanda reclama 50.000 euros y la extinción del contrato
El frente judicial constituye el principal elemento del conflicto. Según los datos facilitados, el procedimiento se ha registrado en el Juzgado de lo Social número 2 de Alicante con el número 988/2026.
El trabajador demandante solicita la extinción indemnizada de su contrato al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores y reclama 50.000 euros por daños morales. Estas peticiones forman parte de la demanda y no equivalen a una resolución judicial favorable.
El conductor se encontraría de baja médica tras sufrir, según el escrito, una crisis de salud relacionada con el entorno laboral. También denuncia haber tenido que afrontar cuadrantes de entre siete y diez días consecutivos al volante.
La nómina de septiembre y la transparencia algorítmica
Otro de los puntos centrales de la demanda es la remuneración correspondiente a septiembre. El trabajador sostiene que su nómina se calculó sobre una base de 25,84 euros diarios como represalia por haber reclamado información sobre el funcionamiento de los algoritmos que organizan su actividad.
El escrito vincula esta controversia con las obligaciones de transparencia algorítmica que, según el demandante, establece el Real Decreto 723/2026. Tanto la interpretación de esa normativa como la legalidad del cálculo salarial deberán determinarse a partir de la documentación del procedimiento y de la legislación aplicable.
Un accidente en Alicante reabre las dudas sobre el mantenimiento de los vehículos
La demanda también plantea posibles deficiencias en el mantenimiento preventivo de la flota. Como ejemplo, el documento menciona un accidente ocurrido el 23 de septiembre en la base de Alicante.
Según el relato aportado, el vehículo sufrió un impacto frontal-lateral y el airbag del volante no llegó a activarse. El conductor habría tenido que salir por el lado del copiloto.
El escrito considera que este episodio podría tener relevancia desde el punto de vista de la seguridad laboral y advierte de la posibilidad de emprender acciones por la vía penal si los hechos y las responsabilidades que se denuncian llegan a acreditarse.
No obstante, para establecer las causas del accidente y determinar si existió un fallo de mantenimiento, sería necesario disponer de los informes técnicos correspondientes y de las conclusiones de las investigaciones realizadas.
Un conflicto individual en plena tensión laboral en el sector VTC
El conductor ha decidido impulsar la acción judicial de manera individual, según las fuentes vinculadas al caso citadas en el documento. Su objetivo declarado es reclamar por los perjuicios económicos y personales que atribuye a sus condiciones laborales, además de llamar la atención sobre la gestión de los algoritmos, la seguridad de los vehículos y el estado de las instalaciones.
El conflicto coincide con el debate abierto tras la firma del nuevo convenio colectivo de Valencia y con el descontento que, según el texto, expresan algunos trabajadores sobre la representación sindical del sector.
Por ahora, las reclamaciones descritas deberán seguir su curso y las acusaciones tendrán que contrastarse con la documentación judicial, administrativa y laboral correspondiente. La evolución del procedimiento permitirá conocer el alcance de las controversias y las responsabilidades que, en su caso, puedan determinarse.
