Semacar pierde su batalla judicial contra la regulación de las VTC impulsada por el Gobierno
MADRID. 21 noviembre 2026. (Noticias del Taxi) – El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado el recurso presentado por Semacar, la compañía gallega especializada en servicios de transporte con chófer vinculada a Inditex y participada mayoritariamente por Alsa. La empresa reclamaba una compensación de 87.120 euros por cada una de sus autorizaciones VTC, al considerar que el conocido como Decreto Ábalos había perjudicado sus derechos y limitado su actividad en los desplazamientos urbanos.
La sección sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha desestimado la demanda contra el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, según una sentencia fechada el pasado 17 de septiembre.
La reclamación fue presentada por Manuel Vázquez Vázquez SL, sociedad que gestiona la marca Semacar y dispone de una flota de cerca de 40 vehículos de alta gama. La compañía, con sede en Ledoño, en el municipio coruñés de Culleredo, había acudido a los tribunales después de que la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes rechazara sus dos solicitudes de indemnización.
Qué establece el conocido como Decreto Ábalos
El Real Decreto-ley 13/2018 modificó el marco regulatorio de los vehículos de transporte con conductor (VTC). La norma estableció que las autorizaciones estatales permitirían realizar exclusivamente servicios interurbanos, aunque contempló un periodo transitorio de cuatro años, hasta octubre de 2022, durante el cual estos vehículos podían continuar operando en trayectos urbanos.
Una vez finalizado ese plazo, las comunidades autónomas y los ayuntamientos asumieron la capacidad de establecer sus propias regulaciones para autorizar los servicios urbanos de VTC.
Semacar consideraba que esta modificación había restringido su actividad y vulnerado derechos como la libertad de empresa, la propiedad y la tutela judicial efectiva. También sostenía que el decreto podía entrar en conflicto con el Derecho de la Unión Europea y cuestionaba que la compensación prevista por la normativa permitiera reparar íntegramente los perjuicios económicos ocasionados.
Semacar reclamaba más de 87.000 euros por cada autorización VTC
Para respaldar su demanda, la compañía encargó un informe pericial a PwC con el objetivo de calcular el valor de mercado de sus autorizaciones. El estudio fijó una valoración de 87.120 euros por autorización, cantidad que Semacar solicitaba como compensación por lo que consideraba una «expropiación de facto».
La empresa defendía que el sistema legal de cálculo de las indemnizaciones no reflejaba el valor real de las autorizaciones ni permitía compensar adecuadamente el impacto de las restricciones.
Además, su representación legal planteó una alternativa para el caso de que no se reconociera el pago solicitado: ampliar el periodo transitorio y conceder 40 años adicionales de habilitación por cada autorización VTC.
El TSJM considera que no existe una expropiación de derechos adquiridos
La resolución judicial rechaza los argumentos de la compañía y concluye que el Real Decreto-ley 13/2018 no tiene carácter expropiatorio. Según el tribunal, la norma no supone la privación individual de derechos o intereses patrimoniales consolidados de los que fuera titular Semacar.
La sala, presidida por la magistrada Cristina Cadenas, señala que las autorizaciones administrativas para prestar servicios de transporte, incluidas las autorizaciones VTC, no generan derechos adquiridos que garanticen que la regulación vigente en el momento de su concesión vaya a mantenerse sin cambios.
La sentencia también considera que la imposibilidad de realizar trayectos urbanos con las antiguas autorizaciones estatales, una vez terminado el periodo transitorio, no constituye un daño actual y efectivo. El tribunal entiende que sus consecuencias dependían de las decisiones regulatorias que adoptaran posteriormente las comunidades autónomas.
En este sentido, la magistrada sostiene que el decreto tampoco afecta por sí mismo de forma negativa a la competencia o a la libre prestación de servicios, ya que esos efectos dependerían de las normas autonómicas que se aprobaran.
Por estos motivos, la resolución considera que el informe elaborado por PwC parte de una premisa incorrecta y que sus conclusiones no permiten justificar la indemnización reclamada.
El TSJM añade que, una vez aplicados los criterios y la fórmula de cálculo establecidos legalmente, el periodo de recuperación de la inversión no supera los cuatro años. Por tanto, no corresponde conceder una compensación adicional mediante una ampliación temporal de las autorizaciones. Contra esta sentencia todavía cabe interponer recurso.
Los resultados económicos de la empresa vinculada a Inditex y Alsa
Manuel Vázquez Vázquez SL tiene a Inditex entre sus principales clientes, aunque su actividad no se limita a prestar servicios al grupo textil. La compañía ofrece traslados para eventos, bodas, congresos y rutas turísticas mediante una flota que incluye vehículos de alta gama como los Audi A8 y A6, los Mercedes Clase C y Clase E y los monovolúmenes Mercedes Clase V.
En el ámbito económico, la sociedad superó por primera vez los siete millones de euros de facturación en 2025. Sus ingresos crecieron un 5,9%, hasta alcanzar los 7,02 millones de euros.
El resultado bruto de explotación (ebitda) aumentó un 1% y se situó cerca de los 1,5 millones de euros. En cambio, el beneficio neto descendió un 3,2%, hasta los 599.598 euros.
En cuanto a su estructura accionarial, General Técnica Industrial, filial del grupo de transporte Alsa, controla el 85% del capital. El fundador de la empresa, Manuel Vázquez, conserva un 10%, mientras que el 5% restante pertenece a Carlos Saavedra, fundador de Trison y miembro del consejo de administración de la compañía.




















