Los taxistas valencianos denuncian que Cabify se salta la ley

El taxi de Valencia denuncia que Cabify se salta la ley en cuanto a la precontratación de 15 minutos.  Tampoco cumplen con la prohibión de tener activada la geolocalización en los smartphones.

«Si abres la aplicación de Cabify tienes un vehículo en siete u ocho minutos», denuncia Fernando Del Molino, presidente de la Federación del Taxi Valencia.

Un incumplimiento de la norma valenciana que fija la obligación de contratar los servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC) con una antelación mínima de quince minutos. «Se lo están saltando y no hay una vigilancia para controlarlo», asegura.

No es la única prohibición que, según el sector del taxi, se está incumpliendo. También la geolocalización.

Pero esta normativa de obligado cumplimiento, como ha podido comprobar Todo Taxi, tampoco se cumple en ninguna de las ciudades del territorio nacional.

Fue el pasado once de febrero cuando Les Corts convalidaban el decreto ley del Consell que regula este servicio.

De hecho, la plataforma Uber abandonaba València considerando «injusta» y «una restricción incompatible con la inmediatez» de su servicio la norma valenciana.

Pero lo cierto es que, la decisión de irse tanto de València como de Barcelona, venía dada por la negativa a cumplir con la normativa, que a nivel nacional especifica que los vehículos VTC no pueden captar clientes en la vía pública.

En cambio, ante el mismo escenario Cabify urdía una fórmula para sortear la norma valenciana utilizando la misma argucia que ya usó en Barcelona, es decir, aplicando la precontratación solo en la primera reserva.

Sin embargo, desde La Federación del Taxi denuncian que no solo han sabido adaptarse al nuevo escenario legislativo, sino que, además, lo incumplen porque, por ejemplo en València donde únicamente opera Cabify, se puede solicitar uno de los vehículos de su flota sin ser usuario y tenerlo disponible en menos de 15 minutos.

«Es muy evidente que se están saltando la ley», denuncia Del Molino que pide fórmulas para controlar esta situación. «Las multas son de 400 euros. Muy bajas. Y no existe a nivel nacional un baremo sancionador sólido», señala.

Pero, además, Del Molino afirma que han constatado como tampoco cumplen con la prohibición de circular por las vías públicas en busca de clientes ni la de no usar la geolocalización, que permite a las personas usuarias ubicar con carácter previo la localización de estos servicios.

«En la app se detalla dónde está cada vehículo. Además, estamos hartos de ver cómo están estacionados en zonas de influencia como son estaciones o discotecas para captar clientes», critica.

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