VTC: la competencia sin reglas que amenaza el transporte urbano
JEREZ. 18 Ene. (Noticias del Taxi) – La movilidad urbana vive una deriva preocupante desde la irrupción de las VTC, impulsadas por plataformas como Uber, Cabify o Bolt, que lejos de complementar el sistema de transporte existente, han alterado de forma agresiva y desordenada el equilibrio del sector. Su expansión no solo ha intensificado la competencia con el taxi, sino que ha introducido prácticas sistemáticas que rozan —y en muchos casos cruzan— la ilegalidad, amparadas en una falta de control y una alarmante pasividad administrativa.
Las protestas de los taxistas en la avenida de Alfonso Molina no son un episodio aislado ni una reacción corporativista. Son la respuesta lógica de un sector sometido a una competencia profundamente asimétrica, en la que las VTC operan de manera habitual dentro del municipio de A Coruña sin autorización para ello, realizando trayectos urbanos que la normativa vigente prohíbe expresamente. No se trata de interpretaciones jurídicas ambiguas, sino de incumplimientos reiterados que han sido tolerados durante demasiado tiempo.
Un modelo basado en la vulneración de la norma
El marco regulatorio es claro: las VTC cuentan con autorizaciones interurbanas concedidas por la Xunta, y cualquier operación dentro del municipio requiere una habilitación específica. Sin embargo, las plataformas han optado por forzar el sistema, actuando como si la regulación no existiera y trasladando el riesgo legal a conductores precarios y dependientes, mientras las multinacionales se blindan jurídicamente.
La existencia de 758 autorizaciones interurbanas en Galicia evidencia una sobresaturación deliberada que no responde a una necesidad real de movilidad, sino a una estrategia de ocupación del mercado. Lejos de mejorar el servicio, esta práctica ha generado conflictividad, dumping encubierto y una degradación progresiva de las condiciones laborales, tanto en el taxi como entre los propios conductores VTC.
Sanciones inexistentes y sensación de impunidad
La respuesta del Concello de A Coruña ha sido, hasta ahora, claramente insuficiente. Que existan 174 actas remitidas por la Xunta y que apenas se hayan tramitado dos sanciones en más de un año es un dato que habla por sí solo. Esta falta de actuación no solo legitima las infracciones, sino que envía un mensaje de impunidad que incentiva la reincidencia.
Anunciar ahora que se empezarán a notificar multas no corrige años de dejación, ni compensa el daño económico y reputacional sufrido por un servicio público como el taxi, obligado a cumplir con tarifas reguladas, turnos, licencias limitadas y exigencias de calidad que las VTC esquivan de forma sistemática.
Precios abusivos y falsa promesa de eficiencia
Las VTC se presentan como una alternativa moderna y eficiente, pero su modelo se sostiene sobre precios opacos y volátiles, que se disparan en momentos de alta demanda, grandes eventos o situaciones de urgencia. Esta lógica puramente mercantil penaliza al usuario y demuestra que no existe un compromiso real con el interés general, sino con la maximización del beneficio.
Además, su aparente disponibilidad inmediata se apoya en un sistema que exprime a los conductores, externaliza riesgos y desatiende a los colectivos más vulnerables, como personas mayores o dependientes, que siguen encontrando en el taxi un servicio cercano, regulado y responsable.
Urge frenar una deriva insostenible
La futura ordenanza municipal no puede convertirse en un blanqueamiento normativo de prácticas ilegales ya consolidadas. Regular no debe significar rendirse. Es imprescindible poner límites claros y estrictos a las VTC, reforzar la inspección, aplicar sanciones ejemplares y defender un modelo de movilidad que priorice el servicio público frente a los intereses de grandes plataformas.
Permitir que las VTC continúen operando al margen de la ley supone normalizar el abuso, precarizar el empleo y debilitar un sistema de transporte que ha demostrado ser esencial. La convivencia solo será posible si se restablece la legalidad y se frena, de una vez, un modelo que ha hecho de la infracción su principal ventaja competitiva.
