Detectan una ruta escolar pirata en Astorga y multan a la conductora con 6.000 euros
LEÓN. 17 Marzo. (Noticias del Taxi) – La Guardia Civil ha impuesto sanciones que suman 6.002 euros a una mujer de León por gestionar y conducir una ruta escolar “pirata” sin la autorización administrativa correspondiente. La intervención tuvo lugar en Astorga durante una campaña especial de control de transporte escolar promovida por la Dirección General de Tráfico.
Durante la inspección, los agentes comprobaron que el vehículo no contaba con la autorización VT necesaria para operar como taxi o vehículo de transporte con conductor.
Además, se detectó que la placa trasera había sido sustituida por un distintivo de fondo azul con caracteres blancos, reservado únicamente para vehículos de transporte público de viajeros. Esta irregularidad motivó la notificación al Grupo de Investigación y Análisis del Sector de Tráfico de Castilla y León, al constituir un posible delito de falsedad documental.
Responsabilidad directa de la propietaria
Las investigaciones posteriores confirmaron que la mujer sancionada era administradora única y propietaria de la empresa de transportes, lo que la vinculaba directamente con la gestión y operación de la ruta escolar sin autorización.
El uso de la placa falsificada constituye un delito tipificado en el artículo 392 del Código Penal, con penas que van desde seis meses a tres años de prisión y multas de seis a doce meses.
Infracciones y sanciones administrativas
La Guardia Civil formuló dos denuncias administrativas:
- 2.001 euros por operar transporte escolar sin la autorización específica.
- 4.001 euros por carecer del título habilitante para realizar transporte regular de menores.
En total, la infractora deberá abonar 6.002 euros a la administración.
Riesgos y control de transporte escolar
El caso subraya la importancia de los controles periódicos de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de los menores en sus desplazamientos.
Los vehículos no autorizados no cumplen con los mismos requisitos técnicos, seguros ni cualificación de conductores que exige la normativa, aumentando el riesgo para los pasajeros.
La causa por falsedad documental sigue abierta en sede judicial, a la espera de determinar la responsabilidad penal de la conductora y de que se concreten las medidas legales correspondientes.
