El doble juego de Emilio Domínguez en la guerra del transporte urbano
Emilio Domínguez, abogado que en su día fue secretario técnico de Fedetaxi y asesor del STAC (Sindicat del Taxi de Catalunya), se presenta hoy como un experto en movilidad y abogado de plataformas como Uber. Un giro radical que ha levantado ampollas en el sector del taxi, donde muchos lo recuerdan como un defensor de los intereses del sector. Su actual discurso y alianzas han generado dudas legítimas sobre sus principios y motivaciones.
De aliado del taxi a defensor de Uber
Ya en enero de 2021 se conocía su incorporación a la cartera de abogados de Uber, la empresa que más ha confrontado al taxi en España. Un movimiento que se vio venir, especialmente tras sus columnas en prensa donde, camufladas de análisis técnico, se normalizaba el papel de las VTC y se deslizaban mensajes que apuntaban hacia una integración con plataformas como Uber.
El cambio de postura no fue una evolución natural, sino más bien un giro de chaqueta interesado, que hoy lo coloca en el lado opuesto del conflicto que durante años abanderó.
Críticas al nuevo reglamento de circulación: ¿defensa de derechos o intereses encubiertos?
En una reciente entrevista con OKDIARIO, Domínguez ha arremetido contra el nuevo reglamento de circulación impulsado por el Gobierno de Salvador Illa, denunciando que se limitará la libertad de circulación y que la medida podría afectar a autónomos y pequeños profesionales.
Según él, se trata de un nuevo paso dentro de una supuesta agenda ideológica, sin debate público ni intervención parlamentaria. Se refiere a la intención de los ayuntamientos de restringir la circulación a vehículos con un solo ocupante en ciertas zonas y horarios, lo que podría afectar a determinados profesionales… aunque curiosamente no menciona cómo afectaría esto a las plataformas que representa.
Catalunya, el objetivo de sus críticas
Domínguez critica con dureza la ley que tramita la Generalitat de Catalunya, afirmando que «prohíbe de facto» la actividad de los VTC en Barcelona. Según su análisis, la normativa supondrá una vuelta a los años 90, por exigir precontrataciones de hasta seis horas y limitar al extremo la concesión de licencias en el Área Metropolitana de Barcelona.
Lo que no aclara Domínguez es que estas medidas buscan preservar un equilibrio en el ecosistema de la movilidad urbana, combatiendo la precarización laboral y el crecimiento descontrolado de los VTC, que muchas veces operan al margen de regulaciones locales.
La contradicción de quien ayer defendía lo opuesto
Lo más llamativo del discurso de Domínguez es cómo olvida, convenientemente, su pasado en organizaciones que hoy critica o desdeña. Fue él mismo quien asesoró a los principales colectivos del taxi en su lucha contra Uber. Hoy, sin embargo, se presenta como un experto imparcial, obviando los intereses económicos que hay detrás de su cambio de posición.
En lugar de transparencia, lo que encontramos es un relato adaptado al cliente que le paga. En su etapa con el taxi, denunciaba las agresiones del mercado libre; ahora, como asesor de Uber, denuncia las barreras que impiden esa misma liberalización.
Madrid como ejemplo… ¿o como modelo de desregulación?
Para rematar, Domínguez elogia a la Comunidad de Madrid, donde existe una convivencia más permisiva entre taxis y VTC. Destaca que hay casi 10.000 VTC operando, junto a unos 15.000 taxis, y lo presenta como un caso de éxito. Pero se omite que esa coexistencia ha sido posible gracias a una política de desregulación que favorece a grandes plataformas tecnológicas en detrimento del servicio público tradicional.
Lo que para él es eficiencia, para otros muchos es la pérdida del control democrático sobre la movilidad urbana.
¿Experto en movilidad o mercenario legal?
Emilio Domínguez ha recorrido todos los bandos del conflicto del transporte urbano en España. De defensor del taxi a abogado de Uber, pasando por consultor de plataformas de movilidad, su trayectoria es un reflejo de cómo el discurso «experto» puede convertirse en una herramienta de influencia al servicio de intereses empresariales.
El sector del taxi, que una vez confió en él, lo ve hoy como un traidor oportunista. Y su actual papel, lejos de estar guiado por la neutralidad o el análisis técnico, responde claramente a una agenda dictada por quien paga sus servicios legales.
