Taxi Project denuncia a Uber, Cabify y Bolt ante Consumo

Por prácticas abusivas, engañosas e ilegales que afectan a millones de usuarios en todo el Estado

Taxi Project denuncia a Uber, Cabify y Bolt ante Consumo

Por una movilidad justa y transparente: Taxi Project 2.0 lleva a Uber, Cabify y Bolt ante Consumo

La organización Taxi Project 2.0 ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio de Consumo contra las plataformas Uber, Cabify y Bolt, por considerar que vulneran los derechos básicos de los consumidores y falsean la competencia en el sector de la movilidad urbana. Los motivos de la denuncia son:

Precios opacos, abusivos y manipulados

Estas plataformas emplean algoritmos no transparentes que acceden a datos personales del usuario —como ubicación, hábitos, poder adquisitivo o nivel de urgencia— para fijar precios de manera dinámica y desproporcionada.
De este modo, el consumidor no puede prever ni comparar el coste del servicio, quedando expuesto a un sistema diseñado para cobrar más cuando más lo necesita.

Falsa intermediación

Aunque se presentan como “apps tecnológicas”, estas empresas controlan de facto toda la actividad: establecen tarifas, asignan trayectos, gestionan los cobros y dirigen la labor de los conductores. Taxi Project 2.0 sostiene que actúan como verdaderas empresas de transporte, eludiendo las obligaciones legales propias del sector.

Contratos abusivos y engañosos

Los usuarios se ven obligados a aceptar cláusulas que eximen a las plataformas de responsabilidad, remiten los conflictos a tribunales extranjeros y ocultan información esencial sobre quién presta realmente el servicio.

El consumidor desconoce con quién contrata, quién custodia sus datos personales y quién responde en caso de incidencia. Esta opacidad genera una situación de indefensión absoluta.

No luchamos contra la tecnología

Taxi Project 2.0 subraya que su objetivo no es oponerse a la innovación, sino denunciar la opacidad, los abusos y la manipulación del mercado que afectan a los usuarios y a la competencia.

La organización solicita al Ministerio de Consumo que investigue y sancione estas prácticas, que obligue a modificar los contratos y que se devuelvan los importes cobrados de forma no transparente.

“Queremos una movilidad justa, segura y transparente. Defendemos a los consumidores y a la ciudadanía”, concluye Taxi Project 2.0.