La Justicia vuelve a tumbar el límite de transfers a taxistas en el aeropuerto de Gran Canaria
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 17 Jun. (Noticias del Taxi) – El sector del taxi de Gran Canaria ha logrado una nueva victoria judicial después de que los tribunales anularan, por segunda vez, la limitación de 20 servicios mensuales de ‘transfer’ impuesta por el Cabildo. La medida, aplicada tras la pandemia, ha sido considerada por la Justicia como injustificada y carente de base legal suficiente.
Los profesionales del taxi denuncian que esta restricción vulneraba derechos fundamentales y limitaba su actividad en un servicio que históricamente ha funcionado sin este tipo de barreras.
El ‘transfer’ es un mecanismo de precontratación de servicios que permite a los taxistas recoger clientes en el aeropuerto tras una reserva previa. Este sistema, actualmente digitalizado, exige registrar los datos del servicio con antelación —de hasta tres horas en vuelos nacionales e internacionales— para su control por parte de las autoridades.
Antes de la pandemia, este modelo operaba con normalidad y sin límites, siendo una herramienta esencial para garantizar la movilidad en toda la isla.
Una restricción heredada de la COVID-19
El origen del conflicto se sitúa en la crisis sanitaria, cuando se introdujo esta limitación de forma temporal. Sin embargo, lejos de eliminarse progresivamente, el Cabildo decidió mantenerla tras la pandemia, lo que provocó el rechazo del sector.
Los taxistas consideran que esta decisión supuso una restricción permanente injustificada, especialmente en un contexto de recuperación de la actividad económica y turística.
Varapalo judicial y posibles reclamaciones
Las resoluciones judiciales, tanto en primera como en segunda instancia, concluyen que la medida no responde a ningún motivo sólido y que afecta al derecho de empresa de los profesionales. Aunque las sentencias aún no son firmes, el sector ya ha anunciado que, si se consolidan, reclamará daños y perjuicios por las pérdidas económicas sufridas.
Críticas a la gestión y al intrusismo
Desde el colectivo también denuncian una doble vara de medir por parte de la administración. Mientras se limitaba la actividad de los taxistas, aseguran que el intrusismo —vehículos sin licencia operando en el aeropuerto— ha crecido sin un control efectivo.
Para los representantes del sector, esta situación evidencia una gestión que ha sido restrictiva con el servicio público regulado pero permisiva con prácticas ilegales.
Una batalla por el servicio público y los usuarios
Más allá del impacto en el sector, los taxistas defienden que esta resolución también protege el derecho de los ciudadanos a elegir su forma de transporte. Consideran que las administraciones deben centrarse en mejorar y regular adecuadamente el servicio, en lugar de imponer limitaciones que no están justificadas.
La decisión judicial marca un nuevo capítulo en el conflicto y podría tener consecuencias tanto legales como económicas si el fallo se confirma de forma definitiva.
