Andalucía frena la expansión de las VTC: no habrá nuevas autorizaciones

La Junta deniega autorizaciones por “interés general” ante el crecimiento descontrolado de VTC y busca garantizar un servicio urbano equilibrado, sostenible y seguro

Andalucía frena la expansión de las VTC: no habrá nuevas autorizaciones

Andalucía bloquea nuevas VTC para proteger al taxi y frenar el tráfico

SEVILLA. 15 Oct. (Noticias del Taxi) – La Junta de Andalucía ha decidido denegar nuevas autorizaciones de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), tanto para solicitudes futuras como para las que estaban pendientes, por «razones imperiosas de interés general«. La medida busca frenar el crecimiento descontrolado de VTC y proteger el equilibrio del sector del taxi en la región.

Un aumento desmesurado de solicitudes

Entre enero y mediados de abril de 2025, se registraron cerca de 1.400 nuevas solicitudes, la mayoría de vehículos eléctricos, frente a las 3.700 licencias vigentes y apenas 23 peticiones durante el año y medio anterior. Este incremento ha llevado a la Junta a actuar con rapidez para evitar más contaminación, congestión y saturación del tráfico urbano.


Empresa de VTC denunciada en Málaga por operar con vehículos sin licencia

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Tres razones clave para denegar licencias

  1. Protección del medio ambiente y la salud: Aunque muchos vehículos son eléctricos, más VTC significan más tráfico y emisiones de partículas nocivas.

  2. Reducción de congestión: Un estudio detectó que aproximadamente el 35% de los kilómetros recorridos por VTC son sin pasajeros, lo que aumenta la saturación de las carreteras.

  3. Demanda ya cubierta: La flota actual de taxis y VTC permite un tiempo de espera medio inferior a diez minutos, por lo que la ciudadanía no necesita más vehículos.

Armonía entre VTC y taxis

El objetivo de la Junta es garantizar un equilibrio entre taxis y VTC, evitando que el crecimiento desmesurado de estos últimos afecte negativamente a la convivencia del sector. La administración andaluza modifica la legislación autonómica (Ley 2/2003) y se desmarca de la normativa estatal, que hasta ahora se centraba casi exclusivamente en criterios medioambientales.