Chile rectifica su “Ley Uber” tras comprobar el caos que podía provocar en el transporte público
El Gobierno chileno ha decidido modificar profundamente el reglamento que regula las empresas de transporte como Uber, Cabify y DiDi después de constatar que el modelo impulsado durante los últimos años generaba graves problemas de control, competencia y precarización del transporte urbano.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) ha enviado a la Contraloría una nueva propuesta normativa con el objetivo de desbloquear una ley que llevaba años paralizada y que había sido duramente cuestionada por distintos sectores del transporte profesional.
Uber, Cabify y DiDi: crecimiento sin límites y consecuencias para el sector
Durante años, plataformas como Uber, Cabify y DiDi han expandido su actividad bajo un modelo basado en la desregulación, aprovechando vacíos legales y operando en muchas ocasiones con menos obligaciones que el taxi tradicional.
Mientras el taxi ha tenido que cumplir históricamente con licencias, tarifas reguladas, inspecciones, seguros específicos y fuertes exigencias administrativas, las plataformas digitales han presionado constantemente para flexibilizar las normas y aumentar el número de vehículos en circulación.
El resultado, según denuncian organizaciones del taxi en numerosos países, ha sido una competencia profundamente desigual, una saturación de las ciudades y una progresiva precarización de miles de conductores que dependen de algoritmos y comisiones impuestas por multinacionales tecnológicas.
El Gobierno reconoce que las exigencias iniciales eran inviables
El Ejecutivo chileno ha terminado admitiendo que parte del reglamento anterior podía generar un fuerte impacto negativo en el sector, afectando al empleo y al acceso al servicio.
Entre los principales cambios destacan:
- La ampliación de la antigüedad permitida de los vehículos.
- La eliminación de restricciones relacionadas con cilindrada y potencia.
- Una mayor flexibilidad para los reemplazos de coches.
- La reducción de trabas burocráticas.
Sin embargo, detrás de esta rectificación también aparece una realidad incómoda: los VTC han conseguido crecer hasta niveles difíciles de controlar mientras el taxi continúa soportando la mayor carga regulatoria del sistema.
El taxi sigue siendo el único servicio plenamente regulado
A diferencia de las multinacionales tecnológicas, el taxi continúa siendo un servicio público sometido a controles permanentes y obligaciones estrictas.
Los taxistas cumplen con:
- Licencias limitadas y reguladas.
- Tarifas oficiales supervisadas por las administraciones.
- Inspecciones técnicas y controles periódicos.
- Cobertura obligatoria en horarios y zonas menos rentables.
- Fiscalización constante de su actividad.
Mientras tanto, Uber, Cabify y DiDi han basado buena parte de su expansión en modelos mucho más flexibles, externalizando costes y trasladando riesgos a los conductores.
En muchos países, además, el sector del taxi denuncia que estas plataformas han utilizado estrategias agresivas de presión política y mediática para intentar modificar leyes a su favor.
Más coches, más congestión y peores condiciones laborales
La expansión masiva de vehículos vinculados a plataformas también ha sido señalada por distintos expertos y administraciones por aumentar la congestión urbana y empeorar la movilidad en grandes ciudades.
A ello se suma la situación laboral de muchos conductores VTC, sometidos a largas jornadas, ingresos variables y dependencia absoluta de aplicaciones que fijan precios, incentivos y condiciones de trabajo mediante algoritmos.
El modelo ha sido criticado incluso en países donde inicialmente se presentó como una “revolución tecnológica”, ya que con el paso del tiempo han aparecido problemas relacionados con la saturación del mercado, la caída de ingresos y la pérdida de control público sobre el transporte urbano.
El taxi reclama igualdad real y control efectivo
El nuevo reglamento chileno también incluye medidas que benefician al taxi, igualando parte de los criterios técnicos sobre antigüedad y características de los vehículos.
Con ello, el Gobierno intenta rebajar la tensión histórica entre el sector tradicional y las plataformas digitales.
Aun así, desde el taxi insisten en que el verdadero debate no es tecnológico, sino de equilibrio regulatorio: si un servicio opera transportando pasajeros en las ciudades, debe asumir las mismas obligaciones, controles y responsabilidades.
Porque mientras Uber, Cabify y DiDi continúan presentándose como simples aplicaciones tecnológicas, la realidad es que llevan años actuando como grandes operadores de transporte sin aceptar plenamente las mismas reglas que el taxi.
