Uber y Cabify ya son ilegales en Tucumán después de un decreto del Gobierno
La Federación de Peones de Taxis (Fepetax), que lidera Jorge García, celebró este viernes el decreto del Gobierno de Tucumán que declaró ilegales los servicios de Uber y Cabify en la provincia, y reclamó al resto de las jurisdicciones «imitar la decisión».
Un documento de la organización gremial detalló que el decreto fue firmado por el vicegobernador tucumano Osvaldo Jaldo, y declaró la ilegalidad de estas empresas de transporte. Las aplicaciones se bloquearán en toda la red.
García reclamó al resto de las provincias que imiten la decisión del Ejecutivo de Tucumán y aseguró que la organización que lidera «estará al frente de la lucha que viene».
La decisión del Gobierno fueron respaldados por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conducen Sergio Sasia y Juan Carlos Schmid, y que los taxistas integran en todo el país.
El decreto de Jaldo derogó la ley que autorizó el funcionamiento de las empresas de transporte, por lo que desde este jueves, 14 de septiembre, y ya publicado en el Boletín Oficial, quedó desautorizado el uso de Uber, Cabify y de cualquier otro tipo de servicio público que no esté homologado, porque lo que no sea taxi es ilegal.
García aseveró que “la lucha contra las aplicaciones piratas fue declarada por el gremio hace años, y ahora comenzó a evidenciarse con hechos que esas plataformas deben inevitablemente acoplarse a las leyes vigentes para poder funcionar en el país».
También reseñó que el pasado mes de julio, un fallo judicial de un tribunal porteño había declarado la necesidad de que las plataformas cumplieran con la Ley de Taxis y Remises.
La justicia porteña declara ilegal a Uber en Buenos Aires
La CATT respaldó el decreto de la provincia que prohibió el funcionamiento de Uber, Cabify y otras empresaas disruptivas similares para resguardar «las fuentes de trabajo de taxistas”, aseguraron Sasia (Unión Ferroviaria) y Juan Brey (aeronavegantes), secretario de Prensa.
«La decisión representa un gran paso en la lucha incesante contra la precarización laboral que imponen ese tipo de plataformas ilegales. Es una reclamación desde todos los gremios afiliados que sufren esas políticas. Se deben hallar de forma progresiva las soluciones al problema y defender los derechos de los trabajadores», afirmó la CATT.
