Cataluña impulsa una nueva ley para regular el transporte en vehículos de hasta nueve plazas
BARCELONA. 17 Oct. (Noticias del Taxi) – El Parlament de Catalunya ha iniciado la tramitación de la nueva Ley de Transporte de Personas en Vehículos de hasta Nueve Plazas, una norma que aspira a poner fin a la inestabilidad jurídica que ha marcado el sector en los últimos años y a garantizar una movilidad equilibrada, sostenible y regulada.
La proposición, registrada conjuntamente por los principales grupos parlamentarios —PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP—, establece un marco legal propio para Cataluña que ordena las actividades de taxi, vehículos de transporte con conductor (VTC), limusinas y servicios de alta disponibilidad, e introduce reglas específicas para las plataformas digitales de intermediación.
Un marco legal adaptado a las competencias catalanas
La ley desarrolla las competencias exclusivas de la Generalitat en transporte terrestre de viajeros, reconocidas en el artículo 169 del Estatuto de Autonomía, y consolidadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El texto busca superar el vacío legal generado tras sucesivas modificaciones de la normativa estatal —como los reales decretos de 2018 y 2019 sobre las VTC— y unificar los criterios de actuación de los ayuntamientos y la Generalitat. Su objetivo es dotar al sector de seguridad jurídica, estabilidad normativa y equilibrio entre oferta y demanda.
El taxi, pilar del servicio público
Uno de los ejes de la ley es el reconocimiento del taxi como servicio económico de interés general, una categoría que lo diferencia de las VTC y le otorga obligaciones específicas de servicio público.
El texto garantiza que los taxis deberán prestar servicio siempre que sean requeridos, sin discriminación ni selección de trayectos por motivos comerciales. También fija tarifas reguladas aprobadas por las administraciones locales para asegurar precios justos y evitar abusos en momentos de alta demanda.
Las licencias de taxi se concederán conforme a criterios ambientales y de movilidad sostenible, con prioridad para los vehículos ECO o Cero emisiones. Además, se establece que los conductores deberán acreditar formación profesional y conocimiento del catalán (nivel B1), con un periodo transitorio de adaptación de dos años.
La ley refuerza también la protección de los usuarios mediante un estatuto jurídico del pasajero, que recoge sus derechos, deberes y vías de reclamación.
Refuerzo contra el intrusismo en el transporte con las policías de Catalunya
Regulación estricta para las VTC
El texto reserva a las VTC un papel complementario y limitado, definido como actividad privada sin obligaciones de servicio público. Las nuevas autorizaciones estarán condicionadas por criterios medioambientales, de tráfico y gestión del espacio público, y tendrán duración limitada —dos años prorrogables, o cuatro en el caso de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida—.
Las empresas de VTC deberán comunicar electrónicamente cada servicio antes de realizarlo y respetar un tiempo mínimo de precontratación de diez minutos, medida destinada a evitar la captación inmediata de clientes en la vía pública.
Los vehículos no podrán circular ni estacionar a la espera de pasajeros, y deberán permanecer fuera de la vía pública cuando no estén prestando servicio. Además, deberán llevar distintivos identificativos, cumplir con los estándares ambientales ECO o Cero y garantizar formación y competencia lingüística de sus conductores.
Nuevas categorías: alta disponibilidad y limusinas
La ley introduce por primera vez la figura del transporte de alta disponibilidad (AD), destinada a servicios vinculados a eventos o desplazamientos prolongados, contratados con antelación. Estos servicios podrán operar en todo el territorio catalán bajo autorización específica del Departamento de Transportes, siempre que acrediten experiencia previa como VTC y cumplan criterios ambientales.
También se regula el transporte en limusina, definido como actividad de carácter lúdico, sujeta a autorización limitada debido al impacto de estos vehículos sobre el tráfico y el medio ambiente.
Plataformas digitales y control de datos
Otro de los capítulos clave aborda la regulación de la intermediación, tanto horizontal (aplicaciones que conectan usuarios con conductores) como vertical (empresas que gestionan servicios directamente).
Las plataformas deberán inscribirse en un registro y compartir datos con la Generalitat para garantizar la trazabilidad y transparencia de los servicios contratados. Se crea así una infraestructura de datos públicos que permitirá monitorizar el sector, prevenir el fraude y mejorar la planificación del transporte.
Criterios ambientales y sostenibilidad
La ley vincula toda la actividad del transporte discrecional de personas a parámetros ambientales y de movilidad sostenible. Los municipios podrán limitar la circulación de taxis y VTC en episodios de contaminación o congestión grave, y exigir el estacionamiento obligatorio en puntos determinados durante esas situaciones.
El objetivo, según el texto, es reducir las emisiones, aliviar la congestión urbana y fomentar una movilidad más eficiente y limpia.
Inspección, sanciones y coordinación institucional
El proyecto crea un nuevo régimen de inspección y sanciones, reforzando la coordinación entre Mossos d’Esquadra, policías locales y el Servei Català de Trànsit.
Además, prevé la creación del Consejo Catalán del Taxi, como órgano consultivo y de coordinación del sector.
Un consenso político poco habitual
La proposición destaca por haber sido impulsada conjuntamente por todas las principales fuerzas políticas del Parlament, lo que la convierte en una de las iniciativas con mayor consenso de los últimos años.
Los grupos firmantes subrayan que la ley “coloca a Cataluña a la vanguardia de la regulación del transporte urbano”, garantiza la protección del taxi como servicio público esencial y ofrece un marco estable y equilibrado para la convivencia con las VTC.
La norma, además, refuerza la autoridad de la Generalitat frente a las decisiones del Estado en materia de transporte, consolidando un modelo propio, sostenible y adaptado a las necesidades del territorio.
