Los taxistas de Lanzarote reclaman al Cabildo control sobre el servicio VIPO
SAN BARTOLOMÉ, LANZAROTE. 14 Ene. (Noticias del Taxi) – El presidente de la Sociedad Cooperativa de Taxistas Ajey-Tamia, Andrés Stinga, ha solicitado explicaciones al Cabildo de Lanzarote sobre la reciente irrupción del servicio de movilidad bajo demanda VIPO en la isla. Según Stinga, este tipo de plataformas deben ajustarse a la legislación vigente y contar con licencias y autorizaciones específicas para operar legalmente.
Competencias del Cabildo y marco legal
Stinga recordó que, de acuerdo con la ley autonómica de Canarias y la suspensión temporal de autorizaciones para taxis y VTC, son los cabildos quienes tienen la competencia para regular el transporte por carretera. En esta línea, anunció que tanto él como representantes de la Sociedad Cooperativa Norte y Sur presentarán escritos oficiales al Cabildo para aclarar el tipo de servicio que ofrece VIPO y exigir que cumpla con todas las normativas autonómicas y municipales.
Licencias y regulación necesaria
El presidente de Ajey-Tamia subrayó que los vehículos de este tipo deben contar con licencias específicas, estar dados de alta y cumplir las autorizaciones municipales correspondientes. Además, alertó sobre la proliferación de plataformas que publicitan traslados con coches particulares, generando un vacío regulatorio que, a su juicio, perjudica gravemente al sector del taxi.
“No lanzamos amenazas, pero los taxistas somos un colectivo que debe ser respetado. Obtener una licencia implica pasar por un concurso público, y no puede abrirse de repente un mercado paralelo”, afirmó Stinga.
Modernización y futuro del sector
El dirigente también reconoció que el sector del taxi debe adaptarse a los cambios tecnológicos. “Estamos abiertos a modernizarnos. La gente hoy en día quiere abrir una aplicación y saber cuándo llega el taxi. Es un reto que debemos asumir, porque también es una oportunidad económica”, señaló.
En este sentido, anunció reuniones previstas con el Ayuntamiento de San Bartolomé y con el Cabildo de Lanzarote para abordar la situación y garantizar que el sector se adapte sin perder sus derechos ni su regulación.
