Hasta 50 municipios mantienen normas que impiden a personas con VIH trabajar como taxistas
MADRID. 02 agosto 2026 (Noticias del Taxi) – En el mes de julio el Defensor del Pueblo iniciaba una actuación formal contra 13 ayuntamientos de la Región de Murcia, considerando que sus ordenanzas reguladoras del taxi podrían discriminar a las personas con VIH al negarles el acceso a la licencia profesional.
A raíz de esta actuación, se a destapado que al menos medio centenar de municipios en España continúan aplicando normativas que dificultan o impiden a personas con VIH trabajar como taxistas, según denuncian organizaciones sociales y sindicales.
Estas limitaciones provienen de ordenanzas municipales que exigen “no padecer enfermedades infectocontagiosas” como requisito para obtener una licencia, una formulación considerada obsoleta y excluyente por distintos colectivos.
Una regulación considerada anacrónica y sin base científica
Las entidades que han analizado la situación sostienen que este tipo de cláusulas son herencias legales desactualizadas que no se ajustan a la realidad médica actual. Recuerdan que el VIH no se transmite en el entorno laboral ni en la prestación de servicios como el transporte público, por lo que no existe justificación para limitar el acceso a esta profesión.
Además, advierten de que estas normas pueden generar exclusión laboral, estigmatización y vulneración de derechos, al impedir el acceso a licencias públicas basándose en criterios genéricos.
La situación afecta a varias comunidades autónomas
El análisis identifica este tipo de restricciones en municipios repartidos por siete comunidades autónomas, incluyendo regiones como Murcia, Andalucía, Madrid, Canarias o Castilla-La Mancha.
Entre las localidades afectadas figuran también capitales de provincia, lo que amplía el impacto de estas normativas sobre el acceso al empleo en el sector del taxi. En estas poblaciones son en las que se han analizado las normativas:
- Andalucía (7 municipios): Alcalá de Guadaíra, Almería, Cádiz, Granada, Málaga, Motril y Sevilla.
- Canarias (20 municipios): Adeje, Arafo, Arico, Arona, Candelaria, El Rosario, El Sauzal, El Tanque, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Icod de los Vinos, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria, Los Realejos, San Bartolomé, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Santiago del Teide, Teguise y Yaiza.
- Castilla-La Mancha (3 municipios): Albacete, Chiloeches y Ciudad Real.
- Castilla y León (2 municipios): El Arenal y León.
- Comunidad de Madrid (3 municipios): Alcalá de Henares, Madrid y Orusco de Tajuña.
- Extremadura (2 municipios): Badajoz y Cáceres.
- Región de Murcia (14 municipios): Abarán, Albudeite, Alcantarilla, Blanca, Caravaca de la Cruz, Cehegín, La Unión, Lorca, Los Alcázares, Molina de Segura, Mula, Murcia, Torre Pacheco y Totana.
Reclaman una revisión urgente de las ordenanzas
Ante este escenario, las organizaciones implicadas han solicitado una actualización inmediata de las normativas municipales para adaptarlas a criterios de igualdad y evidencia científica.
Proponen sustituir las cláusulas actuales por requisitos centrados en la capacidad real para ejercer la profesión, como certificados médicos que acrediten que la persona puede desempeñar el trabajo sin limitaciones funcionales.
El objetivo es eliminar barreras legales que, según denuncian, nunca debieron mantenerse vigentes y garantizar el acceso al empleo en igualdad de condiciones para las personas con VIH.
