Apps de transporte en Perú operan entre vacíos legales: ¿quién responde ante un problema?
LIMA, PERÚ. 01 septiembre 2026. (Noticias del Taxi) – Las aplicaciones de transporte se han convertido en una herramienta habitual para los desplazamientos de los peruanos. En Lima, aproximadamente 8 de cada 10 personas utilizan este tipo de servicios, lo que demuestra el peso que han adquirido dentro de la movilidad urbana.
Sin embargo, el crecimiento de estas plataformas no ha ido acompañado de un marco regulatorio específico que permita establecer con claridad quién debe asumir la responsabilidad cuando se produce un incidente o una mala experiencia durante un servicio.
Esta situación ha sido puesta de manifiesto por el Observatorio de Plataformas Perú, que, junto con Ipsos y la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), elaboró el informe “Movilidad digital sin reglas”. El documento analiza las principales carencias regulatorias que afectan al funcionamiento de las aplicaciones de transporte en el país.
Un sector marcado por la falta de reglas comunes
El estudio fue realizado entre diciembre de 2025 y enero de 2026 y contó con la participación de 70 personas, entre usuarios de taxis tradicionales y clientes de plataformas digitales. Entre las aplicaciones analizadas se encuentran Uber, DiDi, Yango, inDrive y Cabify.
Una de las principales conclusiones del informe es que la ausencia de unos requisitos regulatorios homogéneos puede terminar favoreciendo a las empresas que trasladan determinados costes y riesgos a otros participantes del sistema.
Alejandra Dinegro, directora del Observatorio de Plataformas Perú, considera que el problema no se limita a la existencia de vacíos normativos, sino también a la falta de mecanismos concretos para hacer cumplir las reglas.
En la actualidad, Perú no cuenta con una legislación nacional específica que regule la intermediación digital en el transporte. A diferencia de países como Brasil, Chile, Bolivia, México y Uruguay, el país aplica principalmente normas concebidas para el servicio de taxi.
Además, las funciones de supervisión se encuentran repartidas entre diferentes organismos, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), las municipalidades e Indecopi. El informe cuestiona que no exista un registro sectorial nacional y que las competencias para controlar directamente a las plataformas estén claramente delimitadas.
La responsabilidad ante el usuario sigue siendo una incógnita
La falta de una regulación específica también plantea dudas cuando un pasajero tiene algún inconveniente durante un viaje. Una de las cuestiones centrales es determinar quién responde jurídicamente ante una incidencia, especialmente cuando la empresa que intermedia el servicio no cuenta con una estructura legal establecida en Perú.
Dinegro señala que tres de las plataformas incluidas en el análisis no tienen domicilio legal en el país, una circunstancia que, a juicio del Observatorio, dificulta todavía más la exigencia de responsabilidades y la protección efectiva de los usuarios.
La dimensión del fenómeno también queda reflejada en las cifras aportadas por Ismael Sutta, exviceministro de Transportes. Según sus datos, Lima cuenta actualmente con alrededor de 90.000 taxis y unos 210.000 vehículos que prestan servicios de transporte mediante aplicaciones.
Sutta recuerda que estas plataformas llevan aproximadamente 15 o 16 años funcionando en Perú sin disponer de un marco regulatorio adecuado. El exviceministro explica que desde 2021 se han planteado distintas iniciativas legislativas para abordar esta situación.
Incluso llegó a existir una propuesta que había sido acordada entre el Ejecutivo, el Legislativo y los propios operadores de las aplicaciones y que posteriormente fue presentada ante la Comisión de Transportes. Sin embargo, la iniciativa finalmente no llegó a avanzar.
Una regulación basada en cuatro pilares
El informe plantea un modelo regulatorio sustentado en cuatro áreas consideradas esenciales para ordenar el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte.
La primera está relacionada con la responsabilidad jurídica y la trazabilidad de las empresas. La propuesta contempla que las plataformas dispongan de un RUC domiciliado en Perú y queden plenamente sometidas a las normas nacionales, facilitando así la identificación de los responsables y la posibilidad de exigir responsabilidades.
El segundo punto se centra en establecer condiciones mínimas y homogéneas de seguridad, acompañadas de mecanismos que permitan comprobar su cumplimiento. Entre las medidas planteadas figura, por ejemplo, fijar en 10 años la antigüedad máxima de los vehículos que puedan prestar este tipo de servicio.
El tercer eje se refiere a la idoneidad de los conductores. La propuesta busca garantizar que quienes realicen los servicios dispongan de una licencia válida y habilitante para conducir, de manera que el acceso a la plataforma esté vinculado al cumplimiento de unos requisitos mínimos.
Finalmente, el documento reclama una fiscalización efectiva acompañada de un régimen de sanciones suficientemente disuasorio. También plantea revisar aquellas condiciones contractuales que puedan generar una posición jurídica desequilibrada entre las plataformas, los conductores y los usuarios.
El objetivo general de estas propuestas es establecer reglas claras para un sector que ya ocupa un lugar relevante en la movilidad peruana, pero cuyo crecimiento se ha producido durante años sin una regulación nacional específica que determine de forma precisa las obligaciones y responsabilidades de cada participante.
