Accionistas demandan a Uber por ocultar la ilegalidad de su negocio
Quienes compraron acciones en la salida a bolsa de Uber Technologies Inc. han demandado a la compañía por supuestamente ocultar información sobre la legalidad de su modelo de negocio, su historial de seguridad de los pasajeros y otros asuntos. La demanda representa a varios inversores que compraron acciones cuando la empresa se hizo pública, según ha informado un tribunal federal de California.
Los problemas comunes predominan sobre los individualizados, incluidos los «fragmentos de información» que pueden haber tenido las personas asociadas con un inversionista institucional, dijo el martes el juez Richard Seeborg del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California.
Seeborg aprobó una definición de clase que incluye a todos los que adquirieron las acciones ordinarias de la empresa de transportes de acuerdo con documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores antes de la oferta pública inicial, con algunas excepciones para aquellos con otros vínculos estrechos con Uber.
Boston Retirement System y otros inversionistas alegaron que Uber “basó su crecimiento en un modelo de negocio no revelado e insostenible de ‘crecimiento a cualquier coste’, poniendo el crecimiento primero por encima de las ganancias, la ley e incluso la seguridad de los pasajeros”, dijeron los inversionistas.
Los documentos de oferta afirmaban engañosamente que la empresa se había reformado y cambiado sus normas culturales internas, a pesar de que persistían los problemas legales, de seguridad y de crecimiento, según la moción de certificación colectiva.
Uber emitió y vendió más de 180 millones de acciones ordinarias en su oferta pública inicial, según los demandantes.
Las acciones de Uber cayeron de 45 dólares en la oferta Pública inicial (OPI) de mayo de 2019 a alrededor de 26 dólares en noviembre de 2019.
Uber está condenada, igual que las ciudades que la apoyaron
Seeborg rechazó el argumento de Uber de que los problemas en el caso no eran lo suficientemente comunes para la certificación de clase porque el gerente de inversiones de BRS tenía empleados que sabían sobre los temas que supuestamente Uber omitió en sus presentaciones de la OPI.
“En una demanda colectiva de valores contra otro operador de viajes compartidos Lyft, otro tribunal en este distrito rechazó la afirmación de que cierto conocimiento sobre los problemas que Lyft enfrentaba con respecto a las agresiones sexuales derrotaron el predominio”, dijo Seeborg.
En ese caso, como aquí, el conocimiento de los demandantes va “a la conciencia de un tema general, no a la magnitud de los problemas alegados”, dijo. BRS y cuatro inversores individuales serán los representantes de la clase.
Seeborg nombró a Labaton Sucharow LLP como abogado de la clase. Shearman & Sterling LLP y Willkie Farr & Gallagher LLP representan a Uber.
