Cabify y Uber dejarán de ser intermediarios en Perú

El congresista Héctor Acuña, prepara una ley en la que se podrá solicitar a las operadoras de telefonía el bloqueo de las App si las empresas de transporte presentan incidencias

Cabify y Uber dejarán de ser intermediarios en Perú

Perú prepara una norma para que Cabify, Uber e InDrive dejen de ser intermediarios y asuman responsabilidades civiles y penales

LIMA, PERÚ. 8 Abr. (Noticias del Taxi) – A pesar de que son de conocimiento público las denuncias de usuarios de Cabify, Uber o InDrive en Perú, contra su integridad física, patrimonio y demás bienes; la población sigue utilizando estas empresas de transporte. El congresista Héctor Acuña Peralta, a propuesto el plan PL 07483/2023-CR para regular este servicio de transporte.

Se formalizaría el proceso tanto en la contratación de los trabajadores que ofrecerían el servicio de transporte como de la empresa misma; es decir, la app ya no se consideraría únicamente intermediaria, sino también asumiría la responsabilidad de posibles daños patrimoniales ocasionados por el prestador del servicio, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que se deriven de tal hecho.

En datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), el uso de transporte en apps —como Uber, Cabify o InDrive— subió 200% en los últimos años. Se estima que 133.000 personas usan las plataformas activamente y el negocio movió, solo en 2023, más de 5.500 millones de pesos al año (0,59% del PBI).

Además, de no cumplir con los requisitos mínimos que los prestadores del servicio y los vehículos deben presentar —como el SOAT correspondiente, la licencia de conducir A-11a y demás autorizaciones—, se suspendería el funcionamiento de la empresa hasta que subsane las obligaciones legales incumplidas.

La Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones tendría el derecho de solicitarle a los proveedores de servicios de internet el bloqueo de sus aplicaciones, desde el día siguiente de recibida la comunicación cursada por la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal, para que en un plazo máximo de 30 días pueda subsanar cualquier observación. Esto a su vez permitiría una competencia más justa con el sector del taxi.

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