El taxi de Bilbao pide que se inspeccione a Uber a través de Seguridad Ciudadana

Representantes de los taxistas mantuvieron ayer un encuentro con la concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, Amaia Arregi, a la que trasladaron su preocupación por “los incumplimientos con los que actúa Uber”.

Además, le pidieron que su departamento haga las inspecciones pertinentes dentro de la actual normativa, a la espera de que entre en vigor el decreto del Gobierno vasco que delimitará las competencias de cada administración en esta materia.

Por otra parte, el diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga sostiene que el ente foral solo puede realizar modificaciones tributarias «en aquello en lo que tengamos capacidad normativa», que no es el caso.

Solo hace 17 días que Uber desembarcó en Bizkaia, pero ya tiene varios frentes abiertos.

La polémica no se ha trasladado a las calles, de momento, ni los taxistas quieren protagonizar guerras como las vividas en otras ciudades con conductores de VTC, porque “no solo no nos beneficia, sino que perjudica nuestra buena imagen”. Pero eso no quiere decir que estén de acuerdo en la forma de implantación del nuevo servicio.

Por este motivo, pasados los primeros días de convivencia, los taxistas solicitaron una reunión con la concejala de Seguridad Ciudadana que se produjo el martes en Miribilla.

Los taxistas pidieron al Ayuntamiento que haga inspecciones a Uber. “Creemos que no se están haciendo y aunque sabemos que es un asunto complicado cuando se trata de movilidad, los conductores de Uber están incumpliendo con las condiciones estipuladas para su servicio”.

En Barakaldo el pasado fin de semana, coincidiendo con la feria BIME, se ponían en la cola de los taxis y recogían a pasajeros”. Según denunció el presidente de Radio Taxi “tampoco pueden estacionar y lo hacen. Y, no rellenan la hoja de ruta sin la cual no pueden hacer los servicios”.

Hasta ahora, aunque el Reglamento de Transporte Terrestre les obliga a contratar una hoja de servicios, no estipula con cuánto tiempo de antelación debe hacerse, mientras que el decreto del Gobierno vasco lo fijará en treinta minutos.


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