PP y Vox allanan el camino a las VTC y ponen en jaque el servicio público del taxi en València
VALÈNCIA. 26 Feb. (Noticias del Taxi) – El pleno municipal de València ha arrancado su sesión de febrero con el debate sobre la regulación de los VTC en la ciudad –plataformas como Uber y Cabify– después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anulara varios artículos de la ordenanza que, bajo el mandato de Compromís y PSPV, limitaban su actividad.
El taxi, en peligro por las políticas de la derecha
Tras conocerse la sentencia, el representante de la Federación Sindical del Taxi, Fernando del Molino, ha recordado que la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres establece que las VTC deben operar únicamente en transporte interurbano, por lo que cualquier empresa que quiera actuar dentro de la ciudad debería someterse a un concurso público.
«El taxi es patrimonio de València, si hay que hacer algo será mejorar la regulación y no buscar un atajo que favorece a cuatro empresas y perjudica al ciudadano», ha defendido Del Molino. Sin embargo, tanto PP como Vox parecen tener otros planes, favoreciendo descaradamente a las multinacionales del VTC en detrimento de un servicio público esencial que sostiene a más de 4.000 familias en la ciudad.
El doble discurso del PP
Desde la oposición, la socialista María Pérez ha instado al concejal popular de Movilidad a que aclare cuál es su modelo, dado el evidente desequilibrio entre un sector regulado como el taxi y las plataformas privadas, que operan con mayor flexibilidad y menos restricciones.
Pérez ha reconocido que la ordenanza anterior debía ajustarse tras la sentencia, pero ha recordado la hipocresía del PP, que en 2018 se comprometía a regular las VTC junto al sector del taxi mientras estaba en la oposición. «Ahora que gobiernan, ¿Cómo van a regularlo? ¿Van a seguir favoreciendo a los lobbies privados?», ha cuestionado.
En la misma línea, la concejala de Compromís Gloria Tello ha denunciado el «intrusismo y la competencia desleal» que practican Uber y Cabify en las grandes ciudades, y ha recordado que el taxi es un servicio público, no una mercancía al servicio de multinacionales extranjeras.
Compromís defiende el servicio público, la derecha lo desmantela
Tello ha defendido las restricciones impuestas durante su mandato a las VTC, como la hora mínima obligatoria entre la reserva y el inicio del servicio, la prohibición de estacionar en la vía pública y la obligatoriedad de contar con vehículos de cero emisiones. Sin embargo, con PP y Vox en el poder, estas medidas están en peligro, allanando el camino para que las VTC campen a sus anchas y destruyan el equilibrio en el sector.
Por su parte, el concejal Jesús Carbonell ha intentado justificar la postura del gobierno municipal alegando que las sentencias han tachado la ordenanza anterior de discriminatoria y que no se puede repetir el mismo error. «No podemos hacer una regulación con los mismos perros con distintos collares», ha afirmado, blanqueando la posición del PP y dejando claro que su apuesta es permitir la expansión de las VTC a costa del taxi.
Una estrategia para privatizar el transporte urbano
La postura de PP y la ultraderecha de Vox no es casualidad ni un error, sino parte de una estrategia bien definida: favorecer a los intereses privados en detrimento del servicio público. Mientras las VTC operan con poca regulación, sin restricciones de tarifas y con modelos de negocio que precarizan a sus propios conductores, el taxi se enfrenta a exigencias mucho más estrictas y una competencia cada vez más desleal.
Lo que está en juego no es solo el futuro del taxi, sino la propia concepción del transporte urbano: o se defiende un modelo público, regulado y justo, o se cede el control a multinacionales cuyo único interés es la rentabilidad a costa de los trabajadores y los ciudadanos.
El ataque de PP y la extrema derecha al taxi es una muestra más de su desprecio por los servicios públicos y su obsesión por entregar sectores estratégicos a los intereses privados. La pregunta ahora es clara: ¿permitirá València que la derecha desmantele un servicio esencial en favor de las grandes corporaciones?
