Sant Josep y Sant Antoni rechazan ceder al Consell de Ibiza la gestión del taxi

El Ayuntamiento de Sant Josep denuncia a través de un comunicado que el reglamento insular del taxi que proyecta el Consell invade las competencias que a día de hoy son municipales.

El Consistorio ve con «mucha preocupación», según el concejal de Transportes, José Guasch, que el Consell quiera arrebatar de facto competencias municipales.

También se suma a Sant Antoni y rechaza ceder la gestión del taxi al Consell.

Guasch criticó el documento sometido a consulta previa:

«Ni siquiera se ha presentado con los que hasta ahora tenemos competencia plena en esta área. La falta total de un debate previo que nos permitiría avanzar hacia una verdadera solución de las deficiencias del sistema».

«Más bien, la propuesta del Consell se alinea con la opinión personal y las declaraciones que ha venido haciendo el vicepresidente, Javier Torres, sobre el sector en una cuestión que no se puede ventilar tan alegremente».

El comunicado añade que el Consell se olvida de la importante labor realizada desde los ayuntamientos como la puesta en marcha de autorizaciones temporales con los planes que ha implementado cada administración local para dar solución a la demanda:

«En una línea de trabajo que pensamos que es la que se debería seguir. Se han hecho esfuerzos en mejora y dotación de nuevas paradas, exámenes de conductor y licitación de nuevas licencias. Es por ello que este equipo de gobierno quiere seguir ejerciendo estas funciones antes de aceptar un taxi insular».

El Ayuntamiento destaca la importante demanda que registra el servicio del taxi en el municipio «y el hecho de que muchos taxis de otros términos municipales apenas salen de Sant Josep», según el concejal:

«Porque de facto ya se aplica una zona de prestación conjunta que pensamos que se debe regular debidamente y sólo se puede hacer por la vía del acuerdo».

El equipo de gobierno señala que esta misma situación es la que genera el caso del GPS, una herramienta que representa un gran potencial de mejora para el servicio pero que requiere de una reglamentación que solucione deficiencias del sistema actual, que permite algunos incumplimientos.

«Por eso hay que ir a una reglamentación que evalúe las incidencias y permita sancionar desde la administración pública».

Además, insistió en que «en estas cuestiones, donde el Consell sí podría avanzar mucho trabajo, pero en cambio no se ha hecho mucho».


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