Uber, Cabify y Didi ya no pueden acceder al aeropuerto de Ciudad de México

Esta semana las autoridades del gobierno capitalino comenzaron los controles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para impedir que los pasajeros usen los servicios de transporte de las empresas Uber, DiDi, Cabify y Beat.

Estos operativos estuvieron acompañados por unos nuevos letreros que anuncian: “Prohibido prestar servicios o abordaje de pasajeros en taxis de plataformas digitales. Multa 43,000”.

El Artículo 28 de la constitución mexicana prohíbe los monopolios o las prácticas monopólicas, menos en las áreas de correos, telégrafos y radio telégrafos, petróleo, energía nuclear, electricidad y “las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”.

El caso de los servicios de movilidad no es una excepción a esta ley. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que, para que cualquier transporte público pueda operar, necesita de una concesión otorgada por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

Básicamente, una concesión es la cesión de derechos que da el gobierno a favor de particulares o de empresas para proporcionar servicios de transporte público y todos los taxis necesitan uno para poder operar.

A principios de este mes, el gobierno capitalino inició unas mesas de trabajo con la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), organización de la que forman parte líderes y trabajadores del transporte concesionado de la Ciudad de México, que incluye microbuses, vagonetas, corredores de camiones, así como de Metrobús.

En estas mesas de diálogo, Andrés Lajous Loaeza, secretario de movilidad, indicó que “la propuesta del Gobierno de la Ciudad de México implica medidas de corto plazo para la mejora del servicio, pero también un programa de mediano y largo plazo para la transformación de todo el servicio del transporte”.

Aunque los taxistas no fueron parte de estas mesas de trabajo, desde 2019 se han manifestado en contra de la operativa de estos vehículos, ya que no pagan licencias ni impuestos.

Esto provocó que, desde el 1 de junio de 2020, los conductores de estas plataformas digitales tengan que pagar un impuesto por el uso de las apps, que corresponden al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 2.1% y el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) del 8%, adicional al impuesto local que varía de entidad en entidad y las comisiones por el uso de las aplicaciones que van desde el 15% al 30%.

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