Los taxistas colombianos declaran la guerra a las tarifas dinámicas de Uber y aprietan a Mintransporte por vía judicial
BOGOTÁ, COLOMBIA. 02 Jul. (Noticias del Taxi) – El sector del taxi en Colombia ha decidido pasar a la ofensiva. El Ministerio de Transporte del país afronta un nuevo pulso legal mientras el gremio taxista eleva la presión contra las plataformas digitales de movilidad, en un conflicto que lleva meses fraguándose y que ahora suma un nuevo capítulo ante los tribunales.
Hugo Ospina, portavoz del gremio, ha presentado el 1 de julio un escrito ante un juzgado de familia de Bogotá para que se compruebe si el ministerio ha cumplido de verdad con una sentencia de amparo —lo que en Colombia se conoce como tutela— dictada el 24 de junio. Aquel fallo reconocía su derecho a obtener respuesta de la Administración.
El origen se remonta a enero, cuando Ospina reclamó al ministerio información sobre el cumplimiento de una orden judicial de 2025. La cartera guardó silencio durante meses, incluso después de conocer que se había interpuesto la demanda.
Ante esa pasividad, la jueza dio la razón al demandante y concedió al ministerio un plazo de 48 horas para responder de fondo, aplicando además la presunción de veracidad que rige cuando una Administración no contesta a un requerimiento judicial.
El ministerio remitió finalmente sus respuestas a finales de junio, pero, según denuncia Ospina, ninguna abordó realmente lo solicitado. Por eso ha vuelto a acudir al juzgado para exigir la ejecución efectiva de la sentencia.
Lo que la Justicia sí exige a Uber, Didi, Cabify e inDrive
Detrás de este pulso hay un proceso de mayor calado. En 2025, un tribunal de Cundinamarca resolvió una acción popular contra el Gobierno y varias plataformas de movilidad —Uber, Didi, Cabify y, más tarde, inDrive— instándolas a abrir sus algoritmos de precios a la transparencia y a evitar la discriminación tarifaria mientras el sector espera una regulación específica.
La resolución también reclama mejoras en los canales de reclamación, en la verificación de identidad y en las condiciones de seguridad tanto para usuarios como para conductores. En la práctica, busca un mayor control sobre cómo y cuándo se activan las tarifas dinámicas, esas que se disparan por el clima, el tráfico o la demanda del momento.
El gremio taxista va más allá: solo la tarifa oficial
Asoproctax, la asociación que encabeza Ospina, ha recordado a las plataformas que, a su juicio, están obligadas a cobrar exclusivamente las tarifas autorizadas por las autoridades locales —es decir, lo que marque el taxímetro— sin comisiones ni recargos adicionales.
El gremio se ampara en la Ley 336 de 1996 y sostiene que cualquier cobro por encima de la tarifa oficial constituye una práctica irregular que perjudica al usuario.
