Uber recopila datos de los usuarios como hacía antes Telefónica para usarlos en otros negocios

Hace años, el hecho de tener que contratar un servicio de un grupo de empresas o de una empresa que tuviese varias líneas de negocio nos obligaba como usuarios a tener que aceptar irremediablemente el envío de publicidad de todas las líneas de negocio de la empresa y de su grupo, incluso de entidades ajenas que tenían cualquier acuerdo de colaboración.

Así era Telefónica

Si contratabas una línea de teléfono estabas obligado a tener que recibir comunicaciones comerciales de todas las empresas del Grupo Telefónica con el fin de ofrecerte cualquier tipo de servicio, aunque no tuviera nada que ver con el objeto principal del contrato que habías podido firmar.

Por ejemplo, recibirías publicidad de agencias de viajes, servicios de financiación o incluso de dispositivos electrónicos con el fin de engrosar las arcas de la empresa.

El descontento de los usuarios era generalizado, pero había que resignarse.

Afortunadamente, esto cambió cuando la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), dijo que cada usuario tenía el derecho a oponerse a esta práctica.

Esto obligó a que empresas como Telefónica mandaran a sus usuarios un sobre que debían molestarse en rellenar en caso de que no quisieran seguir recibiendo publicidad que no tuviera nada que ver con la telefonía, con el fin de evitar cualquier atisbo de sanción multimillonaria por parte de esta autoridad de control.

La medida fue injusta, desproporcionada y, sobre todo, muy criticada por la sociedad.

Años después, y tras varias sanciones (entre ellas una a la empresa señalada por enviar comunicaciones comerciales de cualquier servicio que diera el grupo), encontramos un caso similar con Uber.

La gran empresa de los VTC no deja de perder dinero de forma vergonzosa y se encuentra a años luz de cualquier tipo de rentabilidad.

Uber reconoce que es posible que nunca llegue a ser rentable, y más tras los resultados del último trimestre, en el que tuvo unas pérdidas de 5.236 millones de dólares.

Y mientras tanto, la empresa intenta no perder la confianza de sus inversores a costa del marketing y de la base de clientes que está adquiriendo con las prácticas agresivas de viajes a muy bajo coste y saltándose las normativas en todo el mundo.

La compañía no solo apuesta por el sector de los VTC, sino que va a intentar diversificar su modelo del coche autónomo, el patinete eléctrico o la única alternativa que le queda explotando a falsos autónomos: el envío de comida a domicilio con Uber Eats.

No importa que el pasado trimestre haya perdido 5.000 millones de dólares, ya que su división de este sector, Uber Eats, representa el futuro prometedor.

Hay que promocionar todos esos productos y líneas de negocio

Para hacerlo, Uber quiere servirse de la base de datos que está generando gracias a los viajeros que están utilizando su servicio de VTC.

Así, se guarda bajo la manga la posibilidad de bombardear al usuario con cualquier tipo de publicidad, al estilo de la Telefónica de hace varios años.

De hecho, una de las cláusulas impuestas por Uber en la contratación de sus servicios es la recepción de «mensajes de texto informativos (SMS) como parte de la actividad comercial normal de su uso de los servicios».

Por todo ello, FACUA reclamó a Uber la modificación de la cláusula, por no ser clara y no especificar si se refiere a meros mensajes sobre la ejecución del servicio o a comunicaciones comerciales sobre los servicios de comida a domicilio, patinetes, o cualquier línea de negocio que se le ocurra.

Ante la falta de contestación de Uber, FACUA ha denunciado a la AEPD la falta de respeto de la empresa al consumidor, algo que se podría solucionar instaurando una simple casilla para recoger el consentimiento de aquellos usuarios que desearan recibir publicidad de otras ofertas de dicha empresa.

Por su parte, la AEPD ha dado traslado del caso a la autoridad de control de los Países Bajos, ya que allí es donde Uber tiene su sede en la UE, previsiblemente para evadir impuestos y acogerse a una regulación mucho más favorable que la de otros países como España.

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