El TSXG anula tres artículos de la ordenanza de A Coruña y obliga a revisar las restricciones a los VTC
A CORUÑA. 24 Jul. (Noticias del Taxi) – El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado nulos determinados artículos de la ordenanza de movilidad sostenible del Ayuntamiento de A Coruña, aprobada el 11 de septiembre de 2025, al considerar que algunas de las limitaciones establecidas para los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) vulneran la libertad de empresa y generan un trato discriminatorio frente al servicio de taxi.
La resolución judicial estima parcialmente la demanda presentada por Enol Mobility contra el Ayuntamiento de A Coruña y la Asociación Local de Trabajadores Autónomos de Auto Taxis Clase A, aunque la sentencia no supone la anulación completa de la ordenanza de movilidad, sino únicamente de los artículos concretos cuestionados por el tribunal: el 20.2, el 70.6 y el 73.
La decisión vuelve a abrir el debate sobre la regulación de los VTC y sobre el papel que están adquiriendo grandes compañías del sector, que en los últimos años han impulsado una intensa batalla jurídica contra las normas municipales que buscan ordenar la convivencia entre taxi y plataformas de transporte privado.
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El tribunal considera desproporcionada la prohibición temporal de los VTC
El TSXG centra especialmente su análisis en el artículo 73, al entender que establecía, en la práctica, una prohibición total e indefinida de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor hasta la aprobación de una futura regulación específica.
Para la Sala, esta limitación resulta desproporcionada al impedir el desarrollo de una actividad económica regulada y podría generar, de facto, una situación de exclusividad en favor del taxi, algo que considera contrario a los principios de libre competencia y libertad de prestación de servicios recogidos por la normativa europea.
El tribunal recuerda que los servicios VTC cuentan con regulación propia y que no pueden quedar excluidos del mercado mediante restricciones que no estén suficientemente justificadas.
La sentencia cuestiona las restricciones en zonas de bajas emisiones
Respecto a los artículos 20.2 y 70.6, los magistrados consideran que las limitaciones aplicadas a los VTC para recoger o dejar pasajeros en zonas de bajas emisiones no estaban suficientemente motivadas y suponían una diferenciación frente al taxi.
Según el fallo, impedir esta actividad a los vehículos con conductor mientras se permite al taxi operar en esas mismas áreas supone una restricción a la libertad de empresa que justifica la anulación de dichos preceptos.
La sentencia, no obstante, no elimina la regulación del taxi ni cuestiona la necesidad de ordenar el transporte urbano, sino que obliga a revisar aquellas medidas que, a juicio del tribunal, establecen diferencias entre ambos servicios sin una justificación suficiente.
El Ayuntamiento critica la presión de las grandes empresas de VTC
Tras conocerse la resolución, el Ayuntamiento de A Coruña ha señalado que las grandes compañías de VTC cuentan con importantes estructuras jurídicas que están recurriendo en distintos puntos de España las normas impulsadas por los municipios para regular esta actividad.
El consistorio coruñés ha defendido que la sentencia demuestra que su intención siempre ha sido proteger al sector del taxi y ha anunciado que estudiará el contenido del fallo junto a sus servicios jurídicos para valorar los próximos pasos.
Desde el Ayuntamiento recuerdan que el taxi presta un servicio esencial para la ciudadanía y aseguran que continuarán trabajando en su defensa, aunque reconocen que las grandes plataformas de VTC se han consolidado como operadores presentes en numerosas ciudades.
Un nuevo episodio en la disputa entre taxi y VTC
La resolución del TSXG se suma a la larga controversia existente entre el sector del taxi y las empresas de VTC, un conflicto marcado por la expansión de grandes plataformas digitales que han transformado el mercado del transporte urbano.
Las organizaciones del taxi vienen reclamando desde hace años un marco regulatorio que evite una competencia desigual y advierten de que el crecimiento de determinados modelos empresariales de VTC puede poner en riesgo la sostenibilidad de un servicio público sometido a obligaciones que no tienen los operadores privados.
La sentencia del TSXG no es firme, ya que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, por lo que el conflicto jurídico y regulatorio continuará abierto.
