La marioneta de Uber, la Autoritat Catalana de la Competència, impone una sanción de 123.000 euros a Élite Taxi
Los socios de Uber y Cabify, que se pasan por el forro todas los atracos que realizan a los ciudadanos y ciudadanas los grandes monopolios, estos que se hacen llamar «Competencia», acaban de resolver el expediente de sus amigos imponiendo una sanción de 122.910 euros a la asociación sin ánimo de lucro, Élite Taxi Barcelona.
Tanto la ACCO como la CNMC son organismos de financiación pública que alza la voz para proteger los intereses económicos de empresas que tributan en paraísos fiscales y para que se aprovechen de ayudas públicas a las que, irónicamente, no contribuyen y formado por personas cuidadosamente seleccionadas para ser el brazo ejecutor de los deseos y necesidades de las grandes multinacionales.
¿Comenzará la guerra?
Al menos si en los tribunales. Aunque para las movilizaciones veremos si es el momento o habrá que esperar al mes de septiembre. Todo hace indicar que la cúpula de la Autoritat Catalana de la Competència tampoco se irá de rositas.
El portavoz de Élite, Tito Álvarez, ya advirtió en el mes de febrero: «Lo de los fascistas no es nada comparado con la Acco».
A principios del año pasado la ACCO hizo pública la apertura de un expediente que tenía como objeto investigar posibles «prácticas agresivas o actos de denigración» de los taxistas de Barcelona, ya que Uber le había ordenado a la ACCO que actuase contra lo que llamaban «boicot».
Élite Taxi advierte que la ACCO actúa como un Tribunal de Orden Público
Una resolución sin sentido
«Élite Taxi -reza la Acco en su resolución, enviada el 31 de julio pero abierta por la asociación el 1 de agosto- ejerció medidas de presión dirigidas a los taxistas a través de comunicaciones en redes sociales, en su sitio web o mediante llamadas directas, advirtiéndoles de las consecuencias negativas de trabajar con Uber, y disuadiéndoles de su colaboración con la multinacional».
Según el lobby de competencia, la asociación de taxistas difundió datos personales, como números de licencia y matrículas, de los taxistas adheridos a la plataforma de mediación. También, acusa a la asociación de realizar «comunicaciones dirigidas a los taxistas miembros del colectivo, indicando pautas de cómo debían llevar a cabo acciones de presión y coacción contra los otros taxistas colaboradores de Uber y otros operadores».
