Élite Taxi advierte que la ACCO actúa como un Tribunal de Orden Público

Roger Loppacher es el actual director de la ACCO, al que acusan de seguir instrucciones de David Madí, detenido por la Guardia Civil acusado del desvío de fondos

¿Peligra el MWC? Los taxistas acusan a la ACCO de estar al servicio de Uber

La ACCO (Competencia en Cataluña) ante las cuerdas

La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) se ha metido en un jardín del que veremos como consigue salir.

Si volvemos la vista atrás, a principios del pasado año 2022, el que fuera presidente de la ACCO, Marcel Coderch, fue cesado de su puesto por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, después de que hubiese admitido a trámite una denuncia interpuesta por Uber contra la asociación Élite Taxi y Taxi Project 2.0.

Esto saltó, cuando el director de Uber en España, Juan Galiardo, decidió en mayo de 2021 que era el momento de volver a operar en Barcelona, pero esta vez a través del servicio de taxi, aunque cuando comprobó la negativa de los taxistas a unirse a su aplicación, comenzó la ‘pataleta‘. Galiardo comenzó a invertir en artículos publicitarios de la prensa y acudió a programas de radio y televisión asegurando que la asociación Élite Taxi estaba boicoteando su regreso a la Ciudad Condal.

La ACCO ‘compró’ sus gimoteos y decidió que era el momento de consolar las penurias que Galiardo estaba pasando. Cabe destacar que en los casi dos años que han pasado no llegan a 200 los taxistas que están colaborando con Uber en Barcelona.

Sanción de la ACCO a Élite Taxi

Roger Loppacher es el actual director de la ACCO, al que los medios acusan de seguir instrucciones de David Madí, director de Aigües de Catalunya que fue detenido por la Guardia Civil en octubre de 2020 acusado del desvío de fondos. El juez apuntaba en el Auto que Madí mantuvo una reunión con el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a la que asistieron representantes de Uber, así como con altos cargos de la Consellería, lo que podría derivar en un presunto tráfico de influencias con Uber.

Finalmente, el pasado 22 de febrero, la directora general de la ACCO, Susanna Grau, decidió proponer una sanción contra Élite Taxi por importe de 122.00 euros, acusando a los taxistas de “conducta anticompetitiva», «prácticas agresivas», «actos de denigración” y “boicot”.

La ACCO contra el taxi

El ente, dependiente del Govern de la Generalitat, no compartía la normativa del Área Metropolitana de Barcelona sobre la regulación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en materias de transporte. No solo no las compartía, sino que Cordech compraba los postulados de las empresas transnacionales, invitando a que entrasen en Barcelona sin control.

La ACCO impugnó anta el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la modificación del Reglamento Metropolitano del Taxi, considerando que esta regulación invadía las competencias de Uber, Free Now, Cabify y Bolt.

La App Picmi Taxi, es pionera en todo el mundo, al ser la primera aplicación pública para solicitar un taxi ‘a mano alzada’. A pesar de esto la ACCO interpuso un recurso Contencioso Administrativo contra la App pública.

En su argumento, destacaban que la obligación de instalar la app Picmi Taxi «altera injustificadamente las condiciones del mercado de mediación en la contratación de servicios de taxi, ya que otorga a esta aplicación una ventaja competitiva indebida respecto al resto de operadores del mercado».

La ACCO también impugnó la pre contratación de 60 minutos impuesta a los VTC en Barcelona.

¿Es la ACCO un Tribunal de Orden Público?

Después de toda esta parafernalia que ha montado el ‘regulador de competencia’, Élite Taxi ha salido al paso firme contra los que consideran un ‘Tribunal de Orden Público’.

En un comunicado de Élite Taxi, los taxistas manifiestan que el movimiento de la ACCO «es una operación para amordazar a una asociación de ciudadanos incómoda para el poder».

Desde la asociación inciden en que «No dudaremos en llevar cualquier sanción que nos sea impuesta ante los tribunales y estamos convencidos de que la ACCO se está metiendo en un lío que va a suponer un punto de inflexión en esta lucha, ya que se puede acabar demostrando que las autoridades de la competencia actúan como Tribunales de Orden Público juzgando delitos políticos para favorecer al poder económico, atentando en contra de derechos básicos como la libertad de expresión y de asociación».