La Generalitat tensa la cuerda con los taxistas a las puertas del MWC
A principios del pasado año la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), abrió un expediente sancionador a las asociaciones Taxi Project y Élite Taxi Barcelona a instancias de Uber. En el expediente, Competencia acusa a los taxistas de “conducta anticompetitiva», «prácticas agresivas», «actos de denigración” y “boicot”.
Desde Élite Taxi acusan a la ACCO de estar al servicio de la multinacional Uber, actuando como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de cientos de políticos de Europa, tal y como demuestran los conocidos ‘Uber Files’.
«Las estrategias mafiosas de esta empresa que se dedica a provocar la violencia para utilizarla después en su favor, han conseguido que la directora general de la ACCO, dicte una resolución que va contra todos los derechos fundamentales que se llevan por bandera en Cataluña».
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En el comunicado lanzado por la asociación esta mañana, y al que ha tenido acceso Todo Taxi, se informa de que la directora general de la ACCO, Susanna Grau, ha impuesto una sanción por «defendernos de una multinacional que ha provocado comisiones de investigación en diferentes países de la unión europea y en el mismo parlamento europeo, por los Uber Files».
Élite Taxi advierte de que el próximo miércoles 22 de febrero se celebrará una gran asamblea del sector del taxi donde se decidirá si se inician las movilizaciones más duras conocidas en Barcelona –todo a las puertas de la celebración del MWC–, o se deja en manos de los abogados el ataque directo del Govern de la Generalitat al sector.
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David Madí, Roger Loppacher, la CNMC y Uber
Roger Loppacher es el actual director de la ACCO, al que los medios acusan de seguir instrucciones de David Madí, director de Aigües de Catalunya.
David Madí fue detenido por la Guardia Civil en octubre de 2020 acusado del desvío de fondos para cubrir gastos de Waterloo. En la operación, conocida como Voloh, los agentes realizaron 31 registros que culminaron con 21 detenidos, todos investigados por blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
El juez apuntaba en el Auto que Madí mantuvo una reunión con el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a la que asistieron representantes de Uber, así como con altos cargos de la Consellería, lo que podría derivar en un presunto tráfico de influencias con Uber.
En el expediente abierto por la ACCO contra los taxistas también se personó la CNMC, y su actual presidenta es Cani Fernández, la cual fue la abogada que representó a Uber ante la justicia europea, cuando Élite Taxi demandó a la multinacional y Fernández perdió el juicio.
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Sin inspecciones a los VTC
Además de esta noticia que se ha conocido hoy, también está pendiente el control de los Mossos y de la Guàrdia Urbana a los vehículos de Uber, Cabify y Bolt. Los taxistas acusan a las administraciones de no mover un dedo para que se haga cumplir el Decreto Ley aprobado a finales de año.
El 25 de enero los taxistas decidieron desconvocar los paros previstos durante las celebración del congreso audiovisual ISE, del 31 de enero al 3 de febrero, dando así un balón de oxígeno a la administración para que «demostrasen sus compromisos con el sector». Pero a las puertas de la celebración del MWC no se han visto actuaciones policiales que paralicen los vehículos VTC ilegales, por este motivo, el sector ha convocado una gran asamblea del taxi el 22 de febrero, donde se decidirá que tipo de movilizaciones se llevarán a cabo.
Desde la asociación Élite Taxi ya han advertido de que «ni Susana Grau, ni Roger Loppacher, ni la antigua Convergencia, ni UBER, van a callarnos la boca, es despreciable que en pleno siglo XXI se ataque sin ningún pudor a una asociación defensora de los intereses globales de un colectivo, por decir lo que los Uber files han demostrado».
