El taxi de Barcelona ejercerá la acusación particular contra David Madí
La Audiencia provincial de Barcelona ha dado luz verde a que la Asociación Profesional Élite Taxi BCN ejerza la acusación particular en la causa abierta al empresario y ex cargo de CDC David Madí Cendrós por supuesto tráfico de influencias en el negocio de las autorizaciones de vehículos de Transporte con conductor (VTC).
En un auto, al que ha tenido acceso este diario, la sección 21º de la Audiencia de Barcelona acepta la personación de los taxistas, a la que se opuso tanto la Fiscalía como la defensa de Madí, a condición de que presten la fianza que les fije el juez instructor.
El auto recuerda que «Élite Taxi tiene como uno de sus fines esenciales la defensa de los derechos e intereses del sector del taxi, tanto ante las administraciones públicas como ante los tribunales, siendo el sector de los VTC su principal competencia de mercado».
Para la sala, es evidente que existe un interés público para que la asociación se persone en la causa, puesto que en la misma «se está instruyendo un posible delito de tráfico de influencias que podría haber beneficiado al sector VTC, en perjuicio de los intereses de los taxistas».
Según han informado a este diario fuentes de la Asociación Profesional Élite Taxi Barcelona, la acusación popular que ejercen los taxistas, sentarán en el banquillo además de a Madí, al director general de Uber en España, Juan Galiardo, y a la vicepresidenta de Foment de Treball y fundadora de SocialCar, Mar Alarcón, por estar presuntamente en medio de la trama.
El pasado 28 de octubre fue detenido Madí, exdirigente de CiU y secretario de Comunicación con Jordi Pujol y mano derecha de Artur Mas, en el marco de la operación Voloh sobre supuesto desvío de fondos al Procés.
La Guardia Civil sostiene en un informe que Madí participó «activamente» junto a un socio en el intento de reactivar las autorizaciones de los VTC, hasta el punto de que se entrevistó el 25 de noviembre de 2019 con el exconseller de Departament de Territorio i Sostenibilitat, Damià Calvet (JxCAT) y su equipo.
La Guardia Civil considera que la intención de Madí era eludir la obligación legal de pre contratación de los 15 minutos de antelación, por lo que quiso convencer a Calvet y a otros tres cargos de su Departamento para que «legislasen a su favor».
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