La alianza de Cabify con CEIM: entre promesas de sostenibilidad y competencia desleal
Cabify, conocida por sus servicios de movilidad y cuestionadas prácticas empresariales, ha anunciado su incorporación a la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), con el objetivo de fortalecer su presencia en el tejido empresarial madrileño. Sin embargo, esta alianza también refuerza los vínculos con la Comunidad de Madrid liderada por Isabel Díaz Ayuso, una administración señalada por favorecer los intereses de empresas como Cabify frente al sector tradicional del taxi.
¿Una apuesta por la movilidad o una maniobra política?
Según Cabify, su entrada en CEIM pretende fomentar la movilidad sostenible y accesible, un mensaje que contrasta con las constantes denuncias del sector del taxi sobre sus prácticas de competencia desleal. Entre las críticas más recurrentes están las tarifas variables opacas y la laxitud normativa de las VTCs (Vehículos de Transporte con Conductor), que erosionan el mercado regulado que cumple con obligaciones fiscales y laborales estrictas.
Cabify destaca su compromiso con la sostenibilidad, citando la incorporación de 275 vehículos eléctricos y adaptados. Sin embargo, estas medidas no logran desviar la atención de las recurrentes quejas de cómo la empresa, en colaboración con la Comunidad de Madrid y CEIM, impulsa políticas que perjudican directamente al gremio de taxistas.
Cabify hace campaña para meter más VTC en Madrid
¿Cabify y el apoyo de CEIM: promesas o intereses cruzados?
Miguel Garrido, presidente de CEIM, destacó el supuesto liderazgo de Cabify en sostenibilidad. Pero esta percepción ha sido duramente criticada por organizaciones de taxistas, quienes acusan a CEIM de ser un aliado incondicional de empresas tecnológicas que promueven un modelo desigual. La Confederación de Empresarios, al abrir sus puertas a Cabify, refuerza una imagen de estar más alineada con los gigantes corporativos que con las pequeñas y medianas empresas que representan a cientos de familias trabajadoras en el taxi.
La complicidad de la Comunidad de Madrid
La gestión de Isabel Díaz Ayuso en Madrid ha sido también señalada como determinante en el favorecimiento de empresas como Cabify, implementando normas que dificultan la labor del sector del taxi mientras se suavizan las condiciones para VTCs. Ayuso, junto con CEIM, parece apoyar modelos de negocio que priorizan los intereses privados sobre la justicia competitiva y la protección de empleos tradicionales.
Más allá de los números, los hechos
Cabify no deja de recordar sus hitos: desde convertirse en unicornio español en 2018 hasta superar los 500 millones de viajes. Sin embargo, los detractores apuntan que detrás de estas cifras hay un modelo de negocio cuestionado, que al amparo de sus vínculos con la Comunidad de Madrid y la Confederación Empresarial, compromete el equilibrio del sector de la movilidad urbana.
Frente a la narrativa de innovación y sostenibilidad, el sector del taxi exige acciones para garantizar una competencia leal y mantener servicios regulados que, a diferencia de Cabify, cumplen con todas las garantías legales y fiscales.
Críticas crecientes y la defensa del taxi
Los taxistas han advertido que las alianzas estratégicas de empresas como Cabify con entidades influyentes solo profundizan las desigualdades en el sector. Aseguran que mientras Cabify proyecta una imagen verde, sus prácticas de mercado continúan socavando la viabilidad de un servicio público esencial como el taxi, que no solo es más accesible, sino también más comprometido con las normativas laborales y medioambientales locales.
En definitiva, mientras Cabify consolida sus relaciones con organizaciones empresariales y políticos influyentes, el sector del taxi enfrenta un escenario cada vez más injusto, que pone en peligro no solo su subsistencia, sino también el equilibrio justo del mercado de la movilidad en España.