Comienza el juicio en Massachusetts contra Uber y Lyft por clasificar a los conductores como falsos autónomos
BOSTON, MASSACHUSETTS. 13 May. (Noticias del Taxi) – Massachusetts se ha convertido en el último frente de una batalla que lleva años en Estados Unidos sobre los conductores de empresas de transporte como Uber y Lyft, clasificados como falsos autónomos.
El tribunal superior del estado escuchará argumentos este lunes, 13 de mayo, sobre si se deben permitir que se presenten ante los votantes en noviembre medidas electorales que redefinirían la relación entre los conductores y las empresas. La propuesta respaldada por los sindicatos permitiría sindicalizar a los conductores.
El juicio contra Uber y Lyft que comienza hoy, es una demanda civil presentada en 2020 por Maura Healey, quien era la fiscal general del estado en ese momento y ahora es su gobernadora demócrata. Massachusetts acusa a las empresas de clasificar ilegalmente a sus conductores como autónomos para evitar tratarlos como empleados con derecho a un salario mínimo.
Los abogados de Uber dijeron que tal cambio podría obligar a finalizar el servicio en Massachusetts.
Los empleados pueden costar a las empresas hasta un 30% más que los autónomos, según varios estudios. Al no clasificar a sus conductores como empleados, Uber y Lyft evitaron pagar durante un período de 10 años 266,4 millones de dólares en compensación laboral, seguro de desempleo y licencia médica familiar remunerada en Massachusetts, dijo el auditor demócrata del estado en un informe publicado este pasado martes.
El caso de California
En una campaña de 200 millones de dólares en 2020, Uber, Lyft y otros convencieron a los votantes de California para que aprobaran una medida similar a la respaldada por las empresas de Massachusetts, consolidando a los conductores como autónomos con algunos beneficios.
Las luchas por los derechos de los conductores se han desarrollado en otros lugares. En Nueva York, por ejemplo, Uber y Lyft llegaron en noviembre a un acuerdo de 328 millones de dólares con el fiscal general demócrata del estado para resolver las acusaciones de que estafaron a sus trabajadores en el pago de sus salarios.
Las empresas en ese acuerdo acordaron instituir un «piso mínimo de ingresos» y licencia por enfermedad remunerada, similar a la propuesta respaldada por la industria en Massachusetts.
La Corte Judicial Suprema de Massachusetts impidió que una medida electoral similar se presentara ante los votantes en 2022.
