Élite Taxi y Taxi Project demandan a la CNMC por archivar sin investigar el presunto “cártel algorítmico” de las VTC
MADRID. 10 Oct. (Noticias del Taxi) – Las asociaciones Élite Taxi Barcelona y Taxi Project 2.0 han interpuesto una demanda ante la Audiencia Nacional contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El motivo de la acción judicial es la decisión del organismo de archivar sin investigación previa las presuntas prácticas de colusión y competencia desleal atribuidas a las plataformas Cabify, Bolt y Uber.
La CNMC cerró el expediente en marzo de 2025
En su escrito, las entidades recuerdan que la CNMC resolvió en marzo de 2025 dar por concluido el expediente al considerar que no existían indicios de irregularidades en el sistema de fijación de precios empleado por las plataformas de VTC. Según el organismo, no se trataba de una conducta desleal respecto al sector del taxi.
Sin embargo, las asociaciones sostienen que los informes técnicos independientes que aportaron acreditan la existencia de una “coordinación algorítmica” entre dichas empresas.
Un “cártel digital” que distorsionaría la competencia
De acuerdo con la denuncia, las plataformas estarían implicadas en un “cártel digital” mediante el cual ajustan sus tarifas de manera simultánea y discriminatoria, generando una alteración artificial del mercado y perjudicando la competencia leal.
Desde la CNMC, no obstante, se rechazó esta interpretación y se afirmó que tales prácticas no inducen a error al consumidor. Su presidenta, Cani Fernández, defendió que el sector del taxi no aportó evidencias suficientes de que las VTC estén ofreciendo precios por debajo de sus costes operativos.
Las asociaciones del taxi recurren a la vía judicial
Tras el cierre del expediente, Élite Taxi y Taxi Project habían adelantado su intención de acudir a los tribunales, y ahora han formalizado esa promesa. Con esta demanda, esperan que la Audiencia Nacional obligue a la CNMC a reabrir la investigación y sancionar a las plataformas si se confirma la existencia de prácticas anticompetitivas. Ambas organizaciones califican este paso como “un hito histórico en defensa del interés general”, de los derechos de los ciudadanos y del futuro del transporte público urbano.
