Violencia, ilegalidad y descontrol: el oscuro panorama de Uber, Cabify y Bolt en Barcelona
BARCELONA. 21 Jun. (Noticias del Taxi) – La pasada semana se vivió un nuevo episodio que evidencia el caos legal y la impunidad con la que operan las plataformas de transporte como Uber, Cabify y Bolt en muchas ciudades españolas. Un conductor de Cabify fue detenido por los Mossos d’Esquadra tras haber agredido a un taxista con una porra extensible, un arma prohibida.
El conflicto se desató cuando el taxista le recriminó estar captando clientes de forma ilegal en las inmediaciones del aeropuerto de Barcelona – El Prat, una zona sensible por su alta afluencia de usuarios.
Servicios urbanos sin autorización: una práctica habitual
El detenido ni siquiera contaba con autorización para prestar servicios urbanos, lo que agrava la situación. Sin embargo, este caso no es aislado. Cada día, decenas de conductores de estas plataformas se colocan en los accesos al aeropuerto o estaciones de tren esperando captar pasajeros, incurriendo en prácticas ilegales y competencia desleal, ya que no cumplen con las exigencias que la ley impone al sector del taxi.
Uso de armas y sanciones millonarias
Los agentes, tras recibir la denuncia, localizaron el vehículo implicado, requisaron la porra utilizada en la agresión, y procedieron a la detención del conductor por posesión y uso de arma prohibida. Además, el vehículo fue inmovilizado y no podrá ser recuperado hasta que el propietario abone una sanción de 4.001 euros, lo que evidencia la gravedad de los hechos.
Uber, Cabify y Bolt: ¿modernización o desregulación?
Pese a que estas plataformas se presentan como innovadoras y tecnológicas, la realidad es que muchas veces funcionan al margen de la ley, explotando vacíos legales y evadiendo regulaciones diseñadas para proteger a los consumidores y garantizar un servicio justo. Mientras los taxistas están sometidos a estrictas normas, inspecciones y licencias, estas empresas permiten que cualquier conductor con un VTC –o incluso sin el– opere impunemente.
La falta de control institucional
La permisividad de las administraciones y la escasa capacidad inspectora han creado un entorno de descontrol creciente, donde se multiplican las denuncias por captación ilegal, suplantación de servicios, agresiones e incluso fraudes al consumidor. Este nuevo caso no solo es una agresión física, sino también una agresión a un modelo de transporte público regulado y sostenible.
Cabe destacar que Barcelona es una de las pocas ciudades donde la Guàrdia Urbana, los Mossos d’Esquadra y la Policía Portuaria trabajan conjuntamente para erradicar las prácticas ilegales de los VTC, inmovilizando cientos de vehículos cada semana.
No se puede seguir tolerando que Uber, Cabify o Bolt sigan operando como si estuvieran por encima de la ley.
