Querella contra Uber por estafa, contra los derechos de los trabajadores, Seguridad Social y Hacienda
A pesar de los poderes sociales, económicos y políticos de los que dispone Uber, la asociación Élite Taxi Barcelona no baja la guardia. Prueba de ello es la querella criminal que ha presentado en la Audiencia Nacional, con el apoyo de Riders x Derechos y Taxi Project 2.0 contra Uber Systems Spain, S.L. y Portier Eats Spain, S.L., ambas girando bajo la marca comercial UBER EATS.
Según figura en la querella presentada este martes, 25 de septiembre ante el Juzgado Central de Instrucción de Guardia, a la que ha tenido acceso Todo Taxi, se acusa a las dos mercantiles de delitos de estafa, contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
La querella va más allá de las dos empresas y también afecta a Anabel Díaz, directora general de Uber en Europa, Oriente Medio y África, cargo que ocupa desde junio de 2020; Felipe Fernández de Aramburu, actual director general de Uber España y Portugal; y Juan Galiardo Sosa, director de Uber España, todos ellos enmarcados, según la querella, bajo una organización criminal.
Delitos criminales
Según la asociación Élite Taxi, Uber Eats se asentó en el territorio nacional en 2017 utilizando la figura de falso autónomo junto a Glovo y Deliveroo, para cometer delitos contra los derechos de los trabajadores.
Tras la entrada en vigor de la “Ley rider”, promulgada el 12 de agosto del año 2021, Uber Eats ha hecho un giro en su modelo: de los falsos autónomos pasó a la subcontratación temporal, donde ha externalizado fraudulentamente toda su actividad a diferentes empresas que imponen rotación e inestabilidad entre los trabajadores, aun cuando Uber Eats sigue estableciendo las condiciones y gozando de las rentas derivadas de su trabajo.
Las entidades acusan a la empresa de su poder decisorio, para la creación de un modelo de fraude y lucro ilícito de la compañía, utilizando falsos autónomos para simular trabajos en su beneficio y perjuicio de los trabajadores, a los que engañó aprovechando la necesidad de trabajo existente y vulnerabilidad.
Todo lo cual se encuadraría en los delitos de estafa, delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda pública y contra la Seguridad social.
El Tribunal Supremo en una sentencia de 2020 asentó los criterios determinantes para concretar la existencia de la laboralidad de los falsos autónomos. En este sentido, el 13 de diciembre del pasado año, la Audiencia Nacional obligó a Uber Eats a regularizar a 4.404 personas como trabajadores por cuenta ajena y satisfacerles una indemnización por despido colectivo, otorgado en sede judicial junto a los sindicatos CCOO y FeSMC-UGT.
En este acuerdo, Uber Eats reconoce la existencia de la conducta ilegal, de modo que, al no extenderlo al resto de las personas trabajadoras, es de ahí de donde se deriva la presunta comisión de los delitos de estafa a los trabajadores, defraudaciones a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, así como contra los derechos de los trabajadores y cualquier otro que surja de la investigación, como falsedad en documento mercantil.
