La CNMC impugna el decreto de Euskadi de regulación de los VTC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impugnó en el pleno del pasado 30 de junio el decreto del Gobierno vasco sobre los vehículos de transporte con conductor (VTC).

La normativa vasca, de diciembre de 2019, regula la prestación de este servicio contra la competencia desleal utilizada por las plataformas Uber y Cabify.

Desde que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco suspendiese la normativa, esta permanece inactiva, de modo que se mantienen los mismos principios que rigen este servicio en toda España.

El Ejecutivo autonómico, conformado por una coalición entre PNV y PSE-EE, rechazó en febrero un requerimiento de modificación por parte de la CNMC sobre cuatro artículos.

Asumió que era “el paso previo”, en palabras del portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, a que se presentara un recurso.

La Autoridad Vasca de la Competencia también había solicitado modificar en el mismo sentido esta legislación, que ahora deberá analizar el Tribunal Contencioso-Administrativo.

La normativa

Los artículos de la normativa vasca que cuestionaba Competencia son el 2, el 3, el 4 y el 5, que aluden a la obligación de precontratar el servicio con al menos media hora de antelación y la prohibición de circular en busca de usuarios.

También exigían a los VTC permanecer estacionados con la disponibilidad visible y geolocalizar sus vehículos antes de ser contratados.

Erkoreka esgrimió entonces que esta legislación era “legítima, necesaria y proporcionada” a fin de mantener “un servicio público de interés general, como lo es el servicio de taxi, así como para alcanzar un equilibro entre los dos tipos de servicio de transporte urbano”.

El Ejecutivo pretendía “evitar el fraude y mantener la pervivencia y estabilidad del servicio de taxi, que es un servicio público necesario y de interés general”.

Uber entró en Bilbao a finales de 2019 con una veintena de coches.

El teniente de alcalde y concejal de Transporte, Alfonso Gil, reaccionó acusando a la empresa de entrar “con nocturnidad y alevosía”.

Fruto de su implantación se aceleraron los trámites del Gobierno vasco para elaborar el nuevo reglamento, que fue consensuado con el sector del taxi y que resultó en una legislación similar a la que se aprobó en ciudades como Barcelona y Valencia, donde Uber dejó de operar.

El Gobierno vasco interpuso un recurso ante la decisión del Tribunal vasco de paralizar la regulación. Para este recurso “todavía se está aportando documentación complementaria”, según fuentes de la Consejería de Economía.

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