La Junta de Andalucía se plantea prohibir a Uber y Cabify estacionar en zonas de afluencia

Fomento ofrece esta propuesta a los taxistas, que ya se aplica en la normativa a nivel estatal.

La Junta de Andalucía se plantea prohibir a Uber y Cabify estacionar en zonas de afluencia

La Junta de Andalucía se plantea prohibir a Uber y Cabify estacionar en zonas de afluencia

La Junta de Andalucía tiene previsto regular el servicio de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) de forma que tengan prohibido parar sin estar precontratados en entornos de afluencia como aeropuertos, estaciones, puertos, zonas de ocio, hoteles y centros comerciales.

Esta medida pretende  evitar que los conductores de Uber y Cabify estacionen en las zonas para que el vehículo aparezca en la app.

De esta forma el usuario, al comprobar que alguna de estos coches está cerca, solicita sus servicios bajo precontratación, que es la única forma en la que las VTC pueden trabajar.

Ésta ha sido la nueva propuesta que la Consejería de Fomento ha puesto sobre la mesa en la reunión mantenida con los taxistas para intentar atajar el conflicto que el gremio mantiene por la captación ilegal de los VTC, en la que se ha comprometido a concretar esta medida en un mes, fijando por ejemplo cuál sería esa «distancia prudencial».

Además, también plantea limitar la geolocalización previa a la contratación. En principio, el sector ha acogido positivamente este planteamiento, aunque con dudas sobre cómo se controlará su cumplimiento.

Pocos avances

De momento, éste sería el principal avance en su objetivo de que se garantice la precontratación obligatoria de estos servicios, una vez que desde el Ejecutivo autonómico siguen sin contemplar la posibilidad de obligar a estas compañías a que sus servicios tengan que ser contratados con una antelación mínima de 15 minutos como sí que han hecho otras comunidades como Catalunya, Valencia, Aragón, Baleares y Euskadi.

El argumento que esgrimen desde la Dirección General de Movilidad es que esta limitación temporal sería «difícilmente controlable» y, sobre todo, ante la falta de garantías jurídicas de esta medida sobre la que ya se han pronunciado en contra las Agencias de la Competencia y que el sector de los VTC ha llevado a los tribunales donde se está aplicando.