Los políticos argentinos que están detrás de Uber y Cabify
En todo el mundo las empresas de transporte como Uber y Cabify se han cubierto las espaldas contratando o sobornando a abogados y políticos para hacerse con el sector del taxi, pero hoy vamos a hablar de la corruptela de las empresas depredadoras en Argentina.
El ex diputado, ex ministro de la Nación y dirigente del radicalismo nacional Ricardo Gil Lavedra es el abogado en Argentina de la norteamericana Uber. Y Cabify no se queda atrás: contrató como lobista a la consultora Symfonía (creada en diciembre de 2019 por el ex ministro del Interior del macrismo Rogelio Frigerio y los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot -actual director del Banco Ciudad-) para que promuevan en ciudades del interior del país una nueva legislación que se adapte a sus pretensiones.
Así lo reconoció el propio Massot en declaraciones al sitio lapoliticaonline. Ambas multinacionales saben de la capacidad de influencia que tienen sus contratados en los poderes públicos. Nada nuevo: algunos influyentes y poderosos pretenden reescribir ordenanzas y leyes o crear nuevas para que les den luz verde a sus negocios.
Una provincia gobernada por el mismo partido de Gil Lavedra fue el primer y único distrito del país que hasta ahora legalizó a Uber. Se trata de Mendoza y la norma se aprobó el 31 de julio de 2018. Incluso Mendoza es el primer distrito en el mundo en regular la actividad antes incluso de que desembarcase la empresa. Es que la estrategia de Uber hasta ahora ha sido instalarse ilegalmente en todas las ciudades incumpliendo la legislación.
Es lo que ha hecho por ejemplo en Rosario, aunque hasta ahora sin éxito. La Intendencia y un grupo mayoritario de concejales, salvo los del macrismo, están resistiéndose a la llegada de estas empresas disruptivas (incluso se alineó en esa posición la titular del Concejo, María Eugenia Schmuck, quien inicialmente fue una de las impulsoras de la legalización de Uber).
De todos modos, actualmente hay en el Concejo un proyecto presentado por la edil del PRO Renata Ghilotti que propone regular el servicio de transporte a través de aplicaciones, pero nada indica que la iniciativa tenga posibilidades de conseguir luz verde.
Por ahora las señales son totalmente contrarias. Incluso, el Concejo aprobó la semana pasada un aumento en el importe de las multas al transporte ilegal llevándolas hasta 170 mil pesos. Ante esto Uber lanzó una agresiva campaña: contrató al conductor de TV Horacio Cabak (que en las redes mantiene un perfil antiperonista virulento y de agitación permanente) para que lance mensajes en las redes en favor de Uber y en contra de la Intendencia y el Concejo local.
Uber también envió un mail a sus usuarios para que usasen el hashtag #QuieroUberEnRosario en busca de respaldo, pero no tuvo la repercusión esperada por la multinacional: solo 48 perfiles postearon sobre el tema.
En el caso de Cabify fue el propio Massot quien admitió ante el portal lapoliticaonline estar trabajando para esa compañía.
“Nosotros no hacemos lobby, ofrecemos un servicio de estrategia corporativa. Ayudamos a las empresas a pensar abordajes para los desafíos que enfrentan. En este caso nos vinieron a ver todas las aplicaciones y solo aceptamos trabajar con Cabify porque es la única que opera dentro del marco legal”.
Esa no es que sea una verdad a medias, es una auténtica mentira. Cabify, al igual que Uber, se presenta como una aplicación cuando en una compañía multinacional de transporte que usa la tecnología para ofrecer el servicio. Pero a diferencia de Uber, adopta otra estrategia para entrar en los mercados: ingresa de manera legal, aunque lo usa solo como un disfraz, como una ventana para desembarcar y después en los hechos se aprovecha de algunas lagunas legales que generan zonas grises y presiona para cambiar las normas. Además, en la actualidad está utilizando tanto vehículos VTC como coches particulares.
Cuando Cabify llegó a Rosario en 2016 comenzó a operar con un mínimo de vehículos VTC, pero al poco tiempo fue denunciada por concejales de la oposición porque utilizaba taxis, algo que está prohibido por ordenanza para evitar la monopolización del servicio de transporte.
A principios de 2019 Cabify absorbió la aplicación Easytaxi y comienza a funcionar abiertamente desde una misma aplicación con ambos servicios (VTC y taxis), siempre buscando los huecos por donde desnaturalizar las normas.
Finalmente, a mediados de 2019 el municipio inhabilita definitivamente a Cabify por “reiterados incumplimientos de ordenanzas vigentes”. Sin embargo, la Justicia en febrero de 2020 le concede un recurso de amparo para volver a trabajar, bajo el cual funciona actualmente, porque fue «suspendida e inhabilitada sin ser previamente informada sobre los motivos».
Un error formal demasiado básico por parte de los funcionarios de la gestión municipal anterior que sembró en su momento no pocas suspicacias.
Ahora, con el trío de lobistas contratado, Cabify vuelve a la carga para intentar imponer su modelo de negocios, que es el mismo que impulsa Uber: la desregulación del transporte.
Los lobistas influyentes, irrumpen con prepotencia en la ciudad sin respetar la normativa vigente. Con la bandera de la desregulación venden espejitos de colores (mejor servicio a menor tarifa, prometen), pero en los hechos terminaría siendo el tiro de gracia al ya golpeado sistema de transporte público de pasajeros de Rosario.
Los políticos argentinos que están detrás de Uber y Cabify
