Los taxis adaptados de Madrid continúan a la baja

Los taxis adaptados de Madrid continúan a la baja

Crisis del servicio de Eurotaxi en Madrid: un problema sin resolver

MADRID. 26 Feb. (Noticias del Taxi) – El servicio de Eurotaxi, fundamental para la movilidad de las personas con discapacidad en Madrid, enfrenta una situación crítica. A pesar de su importancia, los testimonios recogidos reflejan una preocupante falta de acción por parte de las administraciones, mientras las plataformas de movilidad continúan generando controversia. «Estamos en una crisis fuerte», afirma Javier Font, presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid.

Reducción drástica de la flota

Según datos recientes, la flota de los taxis para Personas con Movilidad Reducida (PMR) ha descendido a un 3,33% del total, muy por debajo del 5% exigido por la ley, alcanzado en 2019. «En lugar de avanzar, hemos retrocedido. La falta de ayudas efectivas está dejando caer el servicio», explica Font. Durante la pasada Navidad, se registraron desabastecimientos «tremendos» que dejaron a muchas personas sin transporte.

Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), advierte que en noviembre de 2018 había 543 eurotaxis en Madrid, mientras que en noviembre de 2024 la cifra se redujo a 353. «Si la tendencia sigue, en **2027 el número de eurotaxis será testimonial», alerta.

Ayudas insuficientes y sobrecostes en plataformas

Las ayudas actuales, de 20.000 euros por vehículo, han resultado ineficaces. «Se han sorteado porque no alcanzaban para todos los solicitantes. Aunque se pusieron en circulación 52 nuevos eurotaxis, han desaparecido muchos más», explica Fernández.

Otro problema es el sobrecoste aplicado a los eurotaxis en plataformas como Cabify y Uber. «Hay datos que indican que los servicios adaptados han llegado a costar entre un 40% y un 60% más durante las fiestas», denuncia Font, quien considera esta práctica discriminatoria y contraria a la normativa.

Falta de regulación y nuevas ordenanzas pendientes

Fernández señala que la falta de regulación permite estas tarifas abusivas, ya que los taxistas están sujetos a precios regulados, pero las plataformas pueden establecer sus propias tarifas. «Pedimos a la Comunidad de Madrid que cree un registro de intermediadores telemáticos para controlar esto, pero seguimos sin respuesta», afirma.

Por otro lado, la nueva Ordenanza de Movilidad sigue sin aprobarse, generando inseguridad entre los taxistas. «Si los conductores no tienen garantías para recuperar la inversión en un eurotaxi, simplemente no lo compran», indica Font.

La ordenanza del taxi, pendiente desde hace más de un año, sigue sin concretarse. «Nos prometieron un borrador en enero, pero seguimos esperando. Puede aprobarse en verano, pero hasta ahora solo hay promesas», denuncia Fernández.

Desigualdad en la regulación y falta de incentivos

El reciente decreto de diciembre de 2023 reintrodujo la libranza obligatoria para los coches eléctricos, lo que podría favorecer a los eurotaxis. Sin embargo, según Fernández, se han priorizado medidas que benefician a las VTC, como permitir la acumulación de licencias en manos de empresas, mientras que las disposiciones a favor del eurotaxi no se han implementado.

Además, existe una mesa de trabajo con la Consejería de Transportes, donde taxistas y representantes de VTC buscan soluciones. «No podemos aceptar que nos equiparen con las VTC, porque nosotros tenemos tarifas reguladas y obligaciones de servicio, mientras que ellos no. La Comunidad de Madrid parece favorecer a las VTC en detrimento del taxi adaptado«, alerta Fernández.

Propuestas para salvar el eurotaxi

La reducción de la flota y la falta de ayudas generan un panorama preocupante. «Hace 10 años ya era difícil conseguir un eurotaxi, pero ahora es casi imposible, especialmente por la noche», lamenta Font.

Por su parte, Emilio Moral, presidente de CERMI Madrid, señala que aunque la situación es grave, percibe una voluntad de mejora por parte del Ayuntamiento. Sin embargo, reconoce que muchos eurotaxis no cumplen su función y prefieren realizar servicios generales, como recoger pasajeros en el aeropuerto, en lugar de atender a personas con movilidad reducida.

Entre las soluciones propuestas, Emilio Domínguez, abogado especializado en transporte, sugiere ampliar las ayudas a las VTC para facilitar la transición hacia vehículos adaptados. Mientras tanto, Moral insiste en que se debe sancionar a quienes no cumplan la normativa.

«El incumplimiento de la reserva de servicios adaptados es un problema nacional, y las administraciones no están tomando medidas contundentes», denuncia.

Nueva normativa para VTC y supervisión del sector

La Comunidad de Madrid permitirá que los vehículos VTC adaptados puedan operar con distintivo ambiental C, facilitando la ampliación de la flota accesible. Esta medida responde a la exigencia de que las flotas de diez o más VTC incluyan al menos un vehículo accesible por cada diez.

Además, se han implementado ayudas económicas para conductores de taxi y VTC que realicen estos servicios, compensando el tiempo extra necesario para la accesibilidad.

Desde Rehatrans, empresa especializada en adaptación de vehículos, han celebrado la medida. «Madrid era la única ciudad de España que no permitía la etiqueta C para taxis y VTC adaptados. En este tiempo, la flota accesible ha disminuido porque era imposible adaptar vehículos con otras etiquetas», explican.

La Comunidad también ha reforzado la supervisión de estos vehículos, implementando inspecciones periódicas para garantizar el correcto funcionamiento de rampas y anclajes, asegurando así los estándares de accesibilidad.

El futuro del eurotaxi en Madrid

Mientras las instituciones buscan soluciones, los usuarios siguen enfrentando dificultades diarias. «Algunas personas planifican todo su viaje con anticipación, pero al final se quedan sin opciones», lamenta Font. Esta incertidumbre afecta no solo a los usuarios, sino también al turismo y a la economía local.

El Eurotaxi en Madrid se encuentra en un punto de inflexión. Sin un cambio estructural y un compromiso real de las administraciones, el futuro de este servicio esencial estará en grave peligro. Como concluye Domínguez: «No se trata solo de cumplir una normativa, sino de garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos«.