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Los taxistas de Santander recurren la Zona de Bajas Emisiones por equiparar taxis y VTC

La Federación Cántabra del Taxi acusa al Ayuntamiento de equiparar taxis y VTC en la ordenanza y cuestiona su base técnica y ambiental

Los taxistas de Santander recurren la Zona de Bajas Emisiones por equiparar taxis y VTC

Los taxistas de Santander llevan a los tribunales la Zona de Bajas Emisiones por su impacto en el sector

SANTANDER. 04 Jun.  (Noticias del Taxi) – La Federación Cántabra del Taxi ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander, al considerar que la normativa equipara de forma indebida el servicio de taxi con los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC).

El conflicto surge tras la aprobación definitiva de la ordenanza municipal, que fue rechazada previamente por el sector durante el periodo de alegaciones, sin que el Ayuntamiento incorporara sus propuestas.

Desde la Federación se sostiene que el taxi constituye un servicio público de interés general, con tarifas reguladas, obligaciones de servicio y una fuerte supervisión administrativa, mientras que los VTC operan como actividad privada con un régimen distinto.

El sector argumenta que la normativa municipal no distingue adecuadamente entre ambos modelos de transporte, lo que consideran una equiparación “sin base legal”.

Críticas a la exención de los VTC en la ZBE

Uno de los puntos centrales del recurso es la decisión del Ayuntamiento de no excluir a los VTC de la regulación ambiental, al considerar que no existe justificación técnica ni ambiental para hacerlo.

Los taxistas, sin embargo, defienden que esta medida introduce una distorsión en la regulación del tráfico, al permitir el acceso de una flota que, según señalan, no está sometida a las mismas obligaciones que el taxi.

Debate sobre el impacto ambiental y la gestión del tráfico

El sector también cuestiona el impacto real de la ordenanza sobre los objetivos ambientales de la ZBE, al entender que la exención general a los VTC podría dificultar la reducción efectiva del tráfico en la ciudad.

Además, advierten de que la regulación introduce una carga administrativa adicional para el taxi, pese a tratarse de un servicio ya autorizado y controlado por la administración local.

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