Perú plantea ampliar hasta 2031 la regularización de los taxis colectivos
El proceso de regularización de los llamados taxis colectivos en Perú podría extenderse hasta 2031, según las últimas propuestas legislativas en debate. La medida busca dar más margen a los conductores para adaptarse a la normativa vigente y avanzar en la ordenación de un sector históricamente vinculado a la informalidad.
Esta posible ampliación afectaría a la actual ley que regula el transporte en vehículos colectivos, permitiendo que miles de conductores continúen operando mientras completan su proceso de adaptación al marco legal.
Más tiempo para integrar a un sector masivo
El objetivo de esta prórroga es facilitar la transición hacia un sistema más controlado, teniendo en cuenta el peso que este tipo de transporte tiene en el país, donde miles de vehículos prestan servicio de forma irregular ante la falta de alternativas de transporte público suficientes.
Las autoridades consideran que ampliar los plazos permitirá implementar medidas técnicas, mejorar la seguridad y establecer criterios más claros para el funcionamiento del servicio. De hecho, anteriores ampliaciones ya buscaban dar margen a los operadores para cumplir con los requisitos exigidos.
Un modelo cuestionado por su impacto en el transporte
A pesar de su utilidad en determinadas zonas, el sistema de taxis colectivos sigue generando polémica. Diversos expertos advierten de que su expansión puede provocar mayor desorden en el tráfico, competencia desleal y riesgos para la seguridad, especialmente cuando no existe un control efectivo.
Además, se trata de un modelo que ha crecido como respuesta a las carencias del transporte público, pero que en muchos casos opera sin cumplir los estándares exigidos al transporte regular.
Debate abierto entre regulación y permisividad
La ampliación del plazo hasta 2031 reabre el debate entre quienes defienden la necesidad de integrar este servicio dentro de la legalidad y quienes consideran que estas prórrogas perpetúan un sistema desordenado.
Mientras tanto, el Ejecutivo y las autoridades de transporte tendrán que definir cómo equilibrar la necesidad de movilidad de la población con la obligación de garantizar un servicio seguro, regulado y sostenible.
