Varias entidades del sector del taxi, junto con el Institut Metropolità del Taxi (IMET), han elevado una denuncia a la Agencia Catalana de Consumo señalando que la operación de Uber en el área metropolitana de Barcelona infringe la Ley 3/91, de competencia desleal. Solicitan que se lleve a cabo una revisión detallada de la legalidad de esta actividad. Según el escrito, se estarían vulnerando hasta cuatro normativas. Además, no descartan nuevas movilizaciones en caso de no obtener respuestas efectivas.
Uber se expande en España a pesar de las protestas
A pesar de las manifestaciones por parte del sector del taxi, la expansión de Uber en España ha continuado. En septiembre, la empresa comenzó a operar en Madrid y, poco después, el 29 de octubre, anunció la disponibilidad de su servicio UberPOP en la ciudad de València.
Alegan competencia desleal y falta de regulación
En el documento legal entregado por las entidades, se argumenta que Uber incurre en prácticas desleales, infringiendo tanto la legislación específica del sector como obteniendo ventajas al no acatar los requisitos legales que los taxistas sí cumplen.
También se afirma que esta empresa tecnológica opera fuera de un marco regulado, lo cual impacta al consumidor final. Al no estar sujeta a controles oficiales, las condiciones del servicio son inciertas, lo que supone, según el informe, un «enriquecimiento injusto» (artículos 33.1 y 34.1 de la Ley 3/91).
Otras leyes presuntamente vulneradas
El escrito también sostiene que Uber incumple la Ley 22/2010 del Código de Consumo de Catalunya, al ofrecer un servicio que no garantiza la seguridad de los usuarios. Asimismo, se menciona una posible infracción a la Ley 34/2002, que regula los Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico.
El Imet y las entidades firmantes subrayan que, si Consumo confirma estas irregularidades, se deberá proceder a implementar medidas cautelares para proteger tanto a los trabajadores del taxi como a los usuarios del transporte público regulado.
Reclamos y medidas en la capital
En Madrid, el colectivo de taxistas ha solicitado a la administración que cumpla con su promesa de actuar contra los conductores que operan mediante Uber, ya que la empresa no ha demostrado adecuarse a la normativa vigente.
Tras un plazo de 10 días otorgado a Uber por la Consejería de Transportes madrileña para acreditar su legalidad, se inició un expediente sancionador el pasado 6 de octubre.
