Golpe de Mossos, Policía Nacional e Inspección de trabajo al transporte ilegal en el aeropuerto de Barcelona
BARCELONA. 20 Dic. (Noticias del Taxi) – Quien llega al Aeropuerto de Barcelona-El Prat suele encontrarse con ofertas de transporte improvisadas nada más abandonar la terminal. Esa práctica, aparentemente aislada, es solo la punta del iceberg de un sistema organizado de traslados ilegales que opera de forma constante en el recinto aeroportuario.
Los Mossos d’Esquadra, conscientes de la dimensión real del problema, han intensificado su respuesta con controles casi diarios y, este viernes, han desplegado un operativo conjunto con Inspecció de Treball y la Policía Nacional para atacar el fenómeno desde todos los frentes.
El resultado de la actuación ha puesto de manifiesto la magnitud de la irregularidad. Durante el dispositivo se identificó a once conductores, cinco de ellos en situación irregular, y se abrieron expedientes tanto por extranjería como por infracciones laborales. Además, un conductor quedó investigado y un vehículo fue retirado de la circulación por carecer de autorización para transportar pasajeros.
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Traslados contratados como legales que no lo son
Las investigaciones apuntan a la existencia de una red discreta de transporte irregular, ligada a plataformas digitales que ofrecen servicios de traslado vinculados a alojamientos turísticos. El cliente reserva el servicio por internet creyendo que es legal, pero el trayecto acaba realizándose a través de empresas subcontratadas que, en algunos casos, incumplen de forma sistemática la normativa.
Este modelo permite reducir costes a base de conductores sin licencia, sin contrato o sometidos a condiciones laborales abusivas, lo que genera una competencia desleal directa con taxis y VTC que sí cumplen los requisitos legales y asumen elevados costes para operar en el aeropuerto.
Conductores atrapados en un sistema de abuso
Una de las principales novedades del operativo ha sido el énfasis en el control laboral. Los inspectores han comprobado si los conductores estaban dados de alta, quién figuraba como empleador y cuántas horas trabajaban realmente. En muchos casos, se han detectado contratos inexistentes o falseados, con jornadas muy superiores a las declaradas.
Las empresas responsables se enfrentan a sanciones que superan los 10.000 euros por trabajador irregular, aunque los agentes subrayan que los propios conductores suelen ser las principales víctimas. Algunos trabajan hasta doce horas diarias por salarios mínimos, complementados con pequeñas comisiones asignadas mediante sistemas internos donde se premia al que ofrece el trayecto más barato, alimentando una carrera a la baja.
Inseguridad y sanciones en el entorno aeroportuario
Desde los Mossos advierten de que el usuario desconoce en muchos casos quién presta realmente el servicio y bajo qué garantías. Esta situación no solo afecta a la competencia del sector, sino también a la seguridad del pasajero. La Policía Nacional ha participado en el dispositivo por la elevada presencia de conductores extranjeros sin situación administrativa regular, llegando incluso a practicarse detenciones durante la jornada.
Paralelamente, los agentes de Tráfico han intensificado la vigilancia sobre los vehículos que operan en el recinto. Circular sin autorización para recoger pasajeros en el aeropuerto implica una multa de 4.001 euros y la inmovilización inmediata del coche, que queda retenido hasta el pago de la sanción. La presión es tal que los Mossos han establecido una presencia permanente en El Prat para agilizar los trámites y mantener el control.
El pasajero, el gran perjudicado
Cuando se detecta un servicio ilegal y el traslado queda anulado, los Mossos recuerdan que el viajero es un damnificado involuntario. En estos casos, los propios agentes facilitan el acceso a taxis y servicios legales, evitando que el usuario quede desatendido.
La estrategia policial se apoya en controles constantes en los accesos por carretera, un punto clave que permite filtrar vehículos sospechosos. En lo que va de año, se han realizado centenares de inspecciones, y se ha constatado que muchos de estos conductores también operan en zonas turísticas fuera del área metropolitana, lo que ha llevado a los Mossos a reclamar mayor coordinación con policías locales para frenar una actividad que se extiende más allá del aeropuerto.
