El chantaje corporativo de Uber y Lyft contra la seguridad de los pasajeros
DENVER, COLORADO. 18 May. (Noticias del Taxi) – En lugar de asumir su responsabilidad y comprometerse con la seguridad de sus usuarios, Uber y Lyft han optado por presionar al gobernador de Colorado, Jared Polis, para que vete el Proyecto de Ley 1291, diseñado para proteger a los pasajeros. Las compañías aseguran que la normativa representa una carga «costosa, vaga e inviable», pero lo que verdaderamente buscan es evadir cualquier tipo de rendición de cuentas.
Campañas dentro de sus propias aplicaciones
Uber ha ido más allá al utilizar su propia plataforma para lanzar una campaña de presión. Al abrir la app, los usuarios de Colorado fueron recibidos esta semana por una ventana emergente con un mensaje: “Guardar viajes – Instar a veto”, alentándolos a contactar al gobernador para que frene la ley.
Este tipo de manipulación directa desde una app comercial hacia el poder político es profundamente cuestionable, sobre todo cuando se trata de una legislación que responde a agresiones reales sufridas por pasajeros.
Una ley nacida del trauma y el coraje
La impulsora del proyecto, la representante demócrata Jenny Willford, denunció haber sido agredida sexualmente por un conductor de Lyft en febrero de 2024. Desde entonces, ha recopilado testimonios de personas que relatan haber sido drogadas, secuestradas o abusadas en vehículos de viajes compartidos. Willford afirma que su objetivo es dar voz a los sobrevivientes y legislar para prevenir nuevos casos.
Pese a la gravedad de los hechos, ni Uber ni Lyft han mostrado intención real de colaboración. En cambio, amenazan con retirarse del estado si se les exige cumplir con normas básicas de seguridad.
¿Privacidad o excusa?
Uno de los puntos que más inquieta a las empresas es la obligación de compartir información sobre conductores expulsados de sus plataformas y el manejo de grabaciones de audio y video realizadas con consentimiento. Alegan preocupaciones por la privacidad, pero la verdadera preocupación parece ser que estos registros sirvan como prueba en su contra ante la justicia.
Además, el proyecto elimina la obligatoriedad del arbitraje en casos graves, permitiendo que las víctimas puedan llevar sus denuncias directamente a los tribunales. Esa posibilidad es una línea roja para estas compañías, acostumbradas a blindarse legalmente frente a los reclamos de sus usuarios.
¿De qué lado está el gobernador Polis?
La oficina del gobernador ha manifestado inquietudes sobre la viabilidad legal y política del proyecto, pese a que los promotores introdujeron múltiples enmiendas para atender las preocupaciones. La representante Willford criticó que el equipo de Polis no ofreció comentarios formales hasta el final del proceso, lo que pone en duda la buena fe del gobierno en este debate.
¿Está Colorado dispuesto a proteger a sus ciudadanos o cederá ante la presión de dos corporaciones? Es la pregunta que debe responder el gobernador.
Colorado no necesita empresas que amenacen con irse
Uber y Lyft no son servicios esenciales. Si deciden abandonar Colorado porque se les exige cumplir normas básicas de seguridad y transparencia, que así sea. La seguridad de las personas no puede estar supeditada a las condiciones impuestas por una empresa. Si para proteger a los usuarios es necesario que estas plataformas asuman costos y riesgos jurídicos, que lo hagan, como cualquier otra empresa responsable.
Las leyes están para proteger a las personas, no para garantizar modelos de negocio opacos y desregulados.
