4.800 vehículos de Moove Cars que trabajan para Uber defraudan en la ITV

Los taxistas de Valladolid también tendrán que pasar 2 veces la ITV al igual que los de León

Moove Cars, el mayor proveedor de Uber circula con permisos de turismo para ahorrarse la ITV

Moove Cars, el mayor operador de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), defrauda con sus permisos de circulación para sortear sus revisiones obligatorias. El principal proveedor nacional de la empresa de transportes Uber, que además participa en el accionariado de Moove Cars, tiene en circulación miles de vehículos cuyas autorizaciones no cumplen con la normativa aprobada para este servicio de movilidad urbano. Esta práctica fraudulenta elude el pago anual de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) como exige la normativa, según ha podido comprobar este periódico y han confirmado fuentes policiales y de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El ardid que está utilizando Moove Cars, que cuenta con una flota superior a los 4.800 vehículos en siete de las ciudades más pobladas del país –Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Granada, Valencia y Bilbao-, consiste en emplear vehículos con permisos de circulación donde se falsea su condición de VTC en la catalogación del servicio al que se destina, denominado D-4. En concreto, la documentación consultada recoge servicio público de «alquiler sin conductor». Una referencia errónea que afecta directamente a la condición oficial del vehículo en su ficha técnica, que está expedida por la DGT.


Andalucía pretende dar vía libre a los VTC con un nuevo decreto

Admitida a trámite una querella contra doce empresas de VTC por ‘trampear’ las ITV


De esta manera, Moove Cars lleva al menos un año y medio trabajando con parte de su flota con una ficha donde la catalogación del vehículo, llamada CL, es la de un turismo normal (código 1.000), cuando en realidad debería aparecer la numeración siguiente a la de un servicio como el taxi (código 1.041).

Este presunto fraude beneficia a la cuenta de resultados de la compañía, ya que en lugar de pasar la ITV cada año, como exige una reciente legislación de transporte urbano de pasajeros, lo hacen por primera vez a los cuatro años de la matriculación del vehículo. Por lo tanto, esta flota se estaría ahorrando cuatro ejercicios a una media anual de unos 30 euros por vehículo, según los datos recopilados por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV).

De esta manera, en las cinco comunidades donde opera Moove Cars –Madrid, Catalunya, País Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana-, cuyas tarifas oscilan entre 20 y 40 euros para los vehículos híbridos bajo sospecha, el ahorro estimado si se computa toda la flota de Moove Cars sería de unos 144.000 euros al año, y alrededor de 576.000 euros al finalizar el periodo de exención de la ITV para los vehículos recién matriculados.

Renting y multas

Según fuentes sindicales de la compañía -participada en un 70% por el fondo de capital riesgo británico King Street Capital y administrada por Manuel María Puga, exconsejero de Adif-, la práctica de tener registrados los automóviles como turismos y no como vehículos de alquiler con conductor obedece a que las compañías dueñas de las autorizaciones de VTC no compran los automóviles, sino que los arriendan a un tercero mediante renting y, lógicamente, en su permiso de circulación figuran como vehículos que se alquilan sin conductor y lo mismo sucede en la catalogación de sus fichas técnicas.

No obstante, una vez alquilados las empresas arrendatarias deben modificar la clasificación de los permisos de los coches y abonar la correspondiente tasa (unos 21 euros) para ajustarlos a su nuevo y verdadero uso, pero no lo hacen. Esta conducta consiste en un doble juego «ilegal a corto y largo plazo», ya que por un lado la empresa sortea las inspecciones anuales de la ITV y su pago y, del otro, está usando vehículos de renting con un código de clasificación trampeado, según admiten fuentes del sector.

El «mal trago» de estas sanciones se lo llevan los conductores, que suelen desconocer esta circunstancia de las autorizaciones cuando son parados en un control. No obstante, los agentes les informan de que la notificación de la multa va directamente contra la empresa que explota el vehículo. Además, desde la Dirección General de Tráfico también han informado que desde la jefatura ya se está procediendo a tramitar estos atestados por infracción grave del reglamento de circulación.