El TSJM anula el reglamento del taxi que impuso el PP tras las protestas de 2019

Uber y las administraciones temen a Élite Taxi

El TSJM anula el reglamento del taxi que impuso el PP tras las protestas de 2019

Después de dos semanas de protestas de los taxistas en enero de 2019, reclamando una regulación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), el sector no consiguió que el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido García, cediera a las peticiones.

Además, el sector se encontró al poco tiempo con una reforma del reglamento del taxi que daba vía libre a la entrada de Uber y Cabify a través de una sociedad que acumulaba la mayoría de las autorizaciones de VTC.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado este reglamento, recurrido por el sector del taxi.

La resolución no entra en el fondo de las reclamaciones y anula el decreto por un defecto de forma, ya que la base del reglamento se sometió a información pública y comparándolo con lo que finalmente se aprobó hubo cambios esenciales, de los que se debería haber informado, como el permitir que las personas jurídicas sean titulares de licencias, acumular múltiples permisos o autorizar que los ayuntamientos amorticen su número total.

Quien era presidente de la Comunidad de Madrid en aquel entonces, cuando se aprobó el decreto, era Ángel Garrido (PP), justo antes del terminar su mandato, pero enseguida paso a Ciudadanos, entrando como consejero de Transportes.

Ahora todo queda en suspenso. El departamento de Transportes, tras la expulsión de los consejeros de Ciudadanos y hasta las elecciones del 4 de mayo, ha pasado a depender de la Consejería de Vivienda, que ocupa David Pérez.

José Luis Martínez-Almeida opta ahora por uberizar la normativa de los taxis, autorizando los precios cerrados e imponiendo códigos de vestimenta. El futuro de la norma autonómica dependerá de las elecciones.

Para entonces, faltará solo año y medio para que se cumplan los cuatro años de plazo que dio el Ministerio de Fomento, después serán las comunidades las que podrán establecer los límites en sus territorios.